Después de 18 meses de batalla legal, cinco jueces de la máxima autoridad judicial del Reino Unido han concluido por unanimidad que la propuesta es ilegaldebido al riesgo de que los potenciales refugiados sean devueltos a sus países de origen, donde podrían enfrentar graves amenazas a su libertad o incluso a sus vidas.
La decisión supone un revés para el Ejecutivo, que concebía la apuesta por Ruanda como el principal elemento disuasorio de su estrategia para hacer frente al flujo migratorio, y un golpe políticamente complicado para Sunak, que ha dejado claro, no obstante, que aunque “respeta ” La decisión está dispuesta a impugnarla. En una conferencia de prensa, el Primer Ministro anunció la introducción de una legislación de emergencia para garantizar que los primeros vuelos a Ruanda salgan en primavera, como estaba previsto.
En un claro endurecimiento retórico, Sunak ha dejado claro que está dispuesto a desafiar cualquier organismo internacional que pretende bloquear el plan, como ya había ocurrido el pasado verano, con la intervención de última hora del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: “No permitiré que ningún tribunal extranjero bloquee estos vuelos”, advirtió en una comparecencia en la que aclaró que está “preparado para hacer lo que sea necesario”.
El veredicto de este miércoles ha puesto a Sunak en un incómodo dilema, ya que es definitivo y el fallo es contundente: Ruanda no puede considerarse un país seguro para enviar inmigrantes a la espera de tramitar sus solicitudes de asilo.
Ante las garantías expresadas por el Gobierno británico, que Ya se han gastado 140 millones de libras (160 millones de euros) en el planEl Tribunal Supremo ha detectado “deficiencias” en el sistema de asilo ruandés, avaladas por el diagnóstico de la propia Agencia de la ONU para los Refugiados, que implican que, si se rechaza una solicitud, un refugiado potencialmente “genuino” sería devuelto a su país, a pesar de el hecho de que violaría convenciones internacionales en la materia.