Tanto Vox como Más Madrid presentaron modificaciones a todo el proyecto de ley para una nueva Agencia de Ciberseguridad para la Comunidad de Madrid. Estas enmiendas sólo lograron los votos de esos dos partidos, mientras que populares y socialistas se unieron para rechazarlas juntas.
Este primer acuerdo entre PP y PSOE, quizás el primero y el último, está fuera del barro político, de ahí que esté siendo relativamente fácil el entendimiento entre ambas formaciones políticas, que mantienen el diálogo abierto y la confianza en alcanzar un consenso sobre las enmiendas que se presenten. a lo largo de. durante todo el proceso. El PP ya ha aprobado una propuesta no legal del PSOE en la misma dirección, en un buen clima de acercamiento bendecido por los líderes de los dos partidos. El texto final de la iniciativa fue acordado entre las dos partes.
El objetivo de la ley es proteger a la administración regional de ataques informáticos. La nueva organización propondrá y promoverá el uso de soluciones de prevención, detección y respuesta a amenazas en la red y promoverá el emprendimiento en el ecosistema empresarial del sector.
Ayuso ya presentó una ley similar la pasada legislatura, pero no pudo salir adelante por el bloqueo de Vox, y también porque el PSOE la rechazó sin miramientos con una enmienda a la totalidad. El partido de Rocío Monasterio siempre ha considerado que esta agencia no es más que un chiringuito. Ahora, el PP necesitaría su mayoría absoluta para sacar adelante la nueva ley, pero ha optado por visibilizar que el acuerdo y el diálogo con el PSOE es posible. Al menos en Madrid.
En el texto acordado por PP y PSOE se propone “crear un Centro Avanzado de Ciberseguridad en la Comunidad de Madrid, con capacidad para monitorizar, anticipar, auditar, reportar y gestionar cualquier ciberincidente en la Comunidad de Madrid”. Madrid.” en el ámbito de sus competencias.
Las partes se comprometen a diseñar un mapa de infraestructuras críticas, con especial atención en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, donde se integra, en cooperación con otras administraciones, las principales instituciones también del poder legislativo y judicial para garantizar su protección.