Esta medida supone un aumento importante de los gastos de las explotaciones ganaderas y ha generado protestas entre los agricultores. “No entendemos que un animal que va a ser sacrificado tenga que ser vacunada pola lingua azultener que financiar ese custo o gandeiro con veterinarios privados”, explica Pedro Rodríguez, presidente de la Asociación de Ganaderos del Macizo Central, Agromacen, con 600 asociados.
Manuel Yáñez, con finca en Castro Caldelas, y también concejal de Asuntos Rurales del concejo, expresó: “No me parece lógico vacunar a un animal para enviarlo al matadero. Además quiero vender muchos terneros y no puedo porque no están vacunados, tengo que pagar los gastos de la UE o del veterinario para vacunarlos”.
A su vez, desde el Ministerio de Asuntos Rurales afirman que “por norma nacional o lo que dice es que todos los animales sean vacunados de dos a tres meses, para garantizar que se evite propagación de la enfermedad, y por ello solo permite movimientos de animales mayores de cuatro meses que estén vacunados. Si los animales van a ser sacrificados sin vacunar, supongamos que llevan un tiempo en la explotación sin vacunar, riesgo en relación a la transmisión de la lengua azul, y un incumplimiento de la normativa”.
Él también Unión Gallega de Lábrego Agrega que esta administración “está optando por tirar pelotas, de tal manera que las fincas están siendo para que, a costa de incurrir en mayores gastos por tener que financiar la vacunación privada, tienen que, no día a día, gestionar cómo ellos lidian con esta situación”.
Efectos adversos
Los ganaderos también afirman haber tenido un “aumento de abortos de vacas entre el sexto y noveno mes de temporada, que pueden tener que ver con la vacuna de lengua azul”, añade Rodríguez. Pero Entorno rural defiende la vacunación obligatoria, garantizando que la utilizada sea segura. Según el Ministerio, la incidencia de efectos adversos graves con esta vacuna ha sido mínima, confirmada por el laboratorio fabricante y los servicios de sanidad animal de las comunidades autónomas. Afirman que, hasta la fecha, “se nos ha informado de un total de 41 posibles reacciones adversas, y sólo hay un total de 13 solicitudes de indemnización por estos efectos”.