Desde firmar una declaración conjunta contra las referencias al ‘lawfare’ en el acuerdo PSOE-Junts hasta negarse a concentrarse en defender la separación de poderes y la independencia judicial. Jueces para la Democracia (JJpD), la asociación judicial afín al Gobierno, ha decidido desvincularse del resto de asociaciones que, como ella, firmaron la carta del pasado 9 de noviembre, y no apoya las protestas que jueces, fiscales y Otros grupos de la Administración de Justicia se están desarrollando a las puertas de los juzgados desde la semana pasada. La asociación considera que estas concentraciones “puede afectar la imagen de independencia y neutralidad del Poder Judicial, que debería estar lejos del conflicto político.
En un comunicado, JJpD señala que “tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como el Tribunal Constitucional, los principios de Bangalore sobre conducta judicial y los dictámenes de la Comisión de Ética Judicial, insisten en que tan importante como el valor de la propia independencia judicial, es la apariencia de tal e imparcialidad que debe transmitir el poder judicial: «Consideramos que las concentraciones que se están celebrando puede dañar esa imagen de neutralidad e imparcialidad, mezclando al poder judicial en un contexto de confrontación partidista en el que no debería participar, motivo por el cual nuestra asociación no participará en ellos”, concluye.
Apenas veinticuatro horas después de la firma del duro comunicado conjunto de las cuatro asociaciones de jueces, JJpD suavizó sus críticas a los acuerdos del Ejecutivo de Sánchez al sostener que se había “aliviado por la nota explicativa emitida por el PSOE” que especificaba Dicho esto, el acuerdo se refería exclusivamente a las conclusiones de las comisiones parlamentarias en los casos Operación Cataluña y Pegasus. En esa nota, el portavoz de la secretaría de la asociación indicó que “Estas investigaciones no encajan porque afectarían a la división de poderes”, pero al mismo tiempo aseguró que “no cabe duda de que las Cortes pueden elaborar cuantas propuestas de ley estimen oportunas”, ya que “la función de legislar corresponde al Parlamento, y el Poder Judicial no debe inmiscuirse en las competencias de otra rama del Estado.”
El comunicado inicial de las cuatro asociaciones judiciales rechazó las referencias al ‘lawfare’ en los acuerdos del PSOE con los independentistas y la creación de comisiones de investigación porque suponen “someter a control parlamentario procedimientos y decisiones judiciales con evidente injerencia en la independencia judicial”. y quiebra de la separación de poderes.
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