La exasesora del PSM Joana Lluisa Mascar y dos ex altos cargos firman un acuerdo con la Fiscalía quince años después de los hechos. Se impone una pena leve que será sustituida por una multa.
Una causa abierta contra ex altos cargos del Consell de Mallorca y del Govern Balear por los contratos públicos tramitados entre años 2008 y 2010 a favor de una entidad privada que promueve rutas de senderismo.
Los pagos ahora catalogados como fraude se originaron cuando la institución pública insular estaba presidida por Francina Armengol (PSOE), actual presidente del Congreso y dos veces presidente de Baleares (2015-2019 y 2019-2023). El PSOE gobernó con el apoyo del Bloque y la UM, los dos partidos nacionalistas en los que militaban los condenados.
Las subvenciones fueron orquestadas desde ámbitos ajenos al PSOE y controlados por sus socios políticos y Amengol no fue interrogado sobre esos expedientes.
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El acusado (y ahora condenado) de mayor rango político es el que entonces era vicepresidente de la isla y ministro de Cultura, Joana Lluisa Mascarahora retirado de la vida pública y que ocupó ese cargo hasta su dimisión en 2009.
Este lunes, Mascar admitió los hechos ante la Audiencia Provincial de Baleares, escenificando junto al resto de imputados el acuerdo al que han llegado con la Fiscalía.
Mascar, que estuvo activo en el PSM, el partido nacionalista mallorquín hoy integrado en Más, ha llegado a un acuerdo legal para declararse culpable a cambio de una pena que no implique privación de libertad. Por supuesto, deberá pagar una multa.
Mantiene la inocencia pública.
Pese a este acuerdo con la Fiscalía y a aceptar los hechos ante los magistrados, al final del juicio Mascar ha subrayado en declaraciones a los medios que sólo se ha declarado culpable por consejo de sus propios abogados. manteniendo así públicamente su inocencia.
Sin embargo, en virtud de este acuerdo de asunción de culpa con la Fiscalía, ha aceptado la comisión de un delito de estafa y otro de prevaricación y una pena de nueve meses de prisión que será sustituida por una multa de 2.160 euros. Junto al resto de los imputados, deberán devolver el monto del dinero público otorgado a través de tres organismos públicos, alrededor de 65.000€ total.
El relato de los hechos elaborado por el fiscal y aceptado por los acusados afirma que las cargas públicas “fueron dispuestas para favorecer con fondos públicos a la asociación Pas Amics del Cam”, entidad catalana y catalana que impulsó iniciativas culturales y de naturaleza para la “estructuración social y territorial”.
“Con este fin y para justificar la transferencia indebida de fondos públicos”, señala el acuerdo con el fiscal ahora validado ante la Justicia, “se utilizaron distintos instrumentos jurídicos, especialmente contratos y subvenciones“.
Los demandados “fragmentaron los contratos y desconocieron la aplicación de la ley para impedir que los concursos públicos se celebraran con garantías de publicidad y asistencia”.
Esto provocó un perjuicio económico a las administraciones al contratar servicios “innecesarios”, por encima de su valor de mercado, permitiendo además que “una entidad privada disfrute de información confidencial”. Las obras contenían información plagiada, “páginas web descargadas” y fueron “reiterados”.
Además de Mascar, el ex director de una organización gubernamental de promoción turística ha sido declarado autor de prevaricación y fraude, Antonio Rebassa (de la UM), así como Joan Serra. También se han considerado colaboradores necesarios Lluis Planas y Emilio Gallardo. Ninguno de ellos será condenado a penas de prisión, sino a multas y al reembolso de fondos.
Dos de los siete acusados han sido pagado ya que no había pruebas de que hubieran cometido delitos.
La monumental demora en el proceso judicial y el tiempo transcurrido desde que se cometieron los hechos, 15 años, favorecieron la defensa jurídica del imputado. Con la aceptación de los cargos, no se celebrará el juicio ni serán interrogados ante el tribunal, que ya ha sido sentenciado tras lectura de la sentencia por el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de las Islas.