La auditoría de las cuentas anuales del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, realizada en 2022 por la Intervención General de la Generalitat, ha revelado numerosos “incumplimientos” en los contratos suscrito por la entidad, que actualmente se encuentra en el punto de mira del sector cultural.
Su gestión económico-financiera “no se ajusta a la normativa aplicable”, señala el documento. No se subsanan las incidencias detectadas en años anteriores ni se siguen las recomendaciones propuestas. Entre ellos, adaptar sus estatutos a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Un patrón que ya se produjo en 2019 y 2021, según todos los informes a los que ha tenido acceso torrevieja news today.
La Intervención está dirigida al gestor de la entidad pública, José Luis Pérez Pont, como responsable de estas irregularidades, que sirven de argumento al nuevo Gobierno autonómico de PP y Vox para destituirle del cargo. El consejo general del Consorcio aprobó este martes su destitución, con el voto en contra del representante del Consejo Valenciano de Cultura y la oposición de parte del mundo de las artes. Varias asociaciones han convocado una protesta para la tarde a las puertas del Centre del Carme de Valencia, emblema de la gestión del responsable de una entidad que aglutina varias salas de las tres provincias.
Según ha podido consultar también este diario, el contrato de alta dirección que Pérez Pont firmó en abril de 2016 -tras ganar un concurso público- con una vigencia de cinco años y prorrogable por el mismo periodo de tiempo -como ya ocurrió en 2021-, contiene una cláusula que permite a cualquiera de las partes poner fin a la relación laboral antes de que finalice en 2026.
Más allá del cambio político producido en la región tras la caída del poder del PSPV, Compromís y Unides Podem, el departamento de Cultura, que dirige Vicente Barrera (Vox), utilizará las conclusiones de la última auditoría realizada al Consorcio de Museos como causa principal de la rescisión del contrato de su actual directivo.
Imagen de archivo del director del Consorcio de Museos y del Centre del Carme de Valencia, José Luis Pérez Pont
El análisis realizado por los auditores de cuentas sobre las cuentas del año pasado se centra en el apartado de contratación. El documento señala la falta de documentación en los expedientes de licitación que, por ejemplo, no incorpore declaraciones de ausencia de conflicto de intereses de quienes participan en el proceso.
Se recurre sin justificación a tramitaciones de urgencia y a contratos negociados sin publicidad. En este caso, entre otros, no se acredita la solvencia económica o profesional del contratista. Además, “la entidad firma la mayor parte de los documentos que forman parte de los expedientes de forma manuscrita, sin indicar el cargo del firmante ni la fecha”, sostiene la Intervención.
Critica también el uso de procedimientos menores para contratos “recurrentes” -como servicios publicitarios o productos promocionales- y sin justificar su necesidad y que éstos, además, presentan “deficiencias” que impiden comprobar si han sido ejecutados correctamente.
Obras de arte junto a material de mampostería.
En paralelo, la visita que los técnicos del Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación (IVCR+i) realizaron hace unos días a la nave donde se encuentra Colección de Arte Contemporáneo de la Generalitatbajo la responsabilidad del Consorcio, también ha pesado en la decisión.
El conjunto de obras de artistas de la región adquiridas con fondos públicos desde 2017 se encuentra disponible a la espera de que alguna institución solicite un préstamo temporal. Sin embargo no tiene profesionales especializados asignados para su conservación y restauración. Tampoco el Centre del Carme, que es el encargado de coordinar esta itinerancia.
En 2018, el IVCR+i desarrolló un protocolo de actuación tras participar en el montaje de una exposición con las primeras piezas de la colección. Sin embargo, la CCCC no volvió a requerir sus servicios “en las cuatro adquisiciones o exhibiciones siguientes”.
Ahora, su informe -fechado el 13 de noviembre- advierte de que este lugar incumple en “numerosos aspectos” las normas de organización y conservación de los espacios dedicados a obras de arte, ya que “carece de orden y limpieza”, no es “hermético”. » y comparte techo con catálogos de muestra del Centre del Carme o «restos de material de albañilería abiertos y en uso».
Asimismo, aseguran que no existe un listado de las obras con su ubicación y las cajas no cuentan con etiquetas identificativas para poder actuar en caso de evacuación. El almacén no dispone de caja de emergencia con herramientas para hacer frente a cualquier accidente y incumple las medidas de seguridadcon zonas de paso colapsadas, accesos bloqueados y cajas apiladas sin soporte.
“Algunas de las piezas están mal empaquetadas, con tapas rotas y sucias que dejan entrar suciedad y plagas”, afirman los técnicos.