La decisión del órgano de gobierno de la Cámara se produce luego del informe jurídico elaborado por los abogados de la cámara en el que ha apuntado que el texto del PSOE no presenta una “contradicción flagrante” con la Constitución que motivó su veto, aunque admite dudas de inconstitucionalidad que el TC podrá resolver en su momento, pero que no son competencia de la Mesa de aclarar.
Además de calificar la proposición como la ley ha sido ratificada la tramitación urgente que habían solicitado tanto el PSOE como sus socios de investidura, que en conjunto representan la mayoría absoluta del Congreso.
Esto significa que todos los plazos parlamentarios se reducirán a la mitad, acelerando la presentación de enmiendas totales y parciales y avanzar en su debate en el Pleno. El plan del PSOE es aprobar la ley en el Congreso en diciembre para su elevación al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y pretende ralentizar la tramitación hasta el máximo de dos meses que marca la Constitución.