La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado íntegramente el auto del juez Manuel García Castellón que el pasado mes de julio procesó al comisario jubilado José Manuel Villarejo, al abogado de sus empresas Rafael Redondo y al exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín por Delitos de cohecho y revelación de secretos en el denominado proyecto ‘Ahorro’.
En concreto, este encargo, que ha sido investigado en la pieza separada número 25 de la macrocausa Tándem, habría supuesto para el comisario más de medio millón de euros de ingresos a cambio de espiar al propietario de la constructora Martinsa-Fadesa por cuenta de la presidente. de Persán, José Moya, con quien tenía una deuda.
La investigación concluyó que el exsenador socialista fue quien “indujo” a Moya -ya fallecido y que estaba acusado por este asunto- a contratar los servicios de las empresas de Villarejo para solucionar el problema. El origen fue que en 2007, Ahorro Corporación le recomendó invertir en Martinsa-Fadesa pero meses después, la constructora entró en concurso de acreedores sin reconocerle como parte de ella. De hecho, al inicio de esta investigación, el financiero estaba llevando el caso pero terminó desistiéndose del mismo.
El exsenador recurrió ante la Sala Penal porque entendió que no había pruebas suficientes en su contra y lo que el tribunal respondió fue que la decisión del juez se ajustaba “escrupulosamente a derecho”.
“Para satisfacer la pretensión del recurrente sería imprescindible tener absoluta certeza de que no podría haber tenido la más mínima posibilidad de cometer un delito con motivo de los hechos”, señala la resolución, añadiendo que en este caso, “no se puede descartar infracción”. “. criminal, suficientemente perpetrado.
«Existe material suficiente con lo instruido para que Francisco Rodríguez deba pasar el filtro de la orden de procedimiento abreviado (…) Por lo que se conoce de los hechos, no corresponde ni es prudente hacer otra cosa que hacer la El procedimiento penal avanza al siguiente procedimiento”, señala la resolución. Recuerda que en esta fase “no se requieren certezas, basta una posibilidad razonable, según criterios lógicos, basados en las investigaciones”.