El Gobierno tiene su web (gobierno.cat) sólo en catalán, con una versión resumida en Inglés, y no planea implementar la versión en español. El argumento esgrimido por la ejecutiva de Pere Aragonès, según recoge una respuesta parlamentaria, es que su portal “no es una web de atención al ciudadano”. Pero admite que la web de la Generalitat (gencat.cat) Tampoco es totalmente accesible. en las tres lenguas oficiales de la comunidad: castellano, catalán y aranés.
La falta de consideración del Gobierno catalán hacia los ciudadanos en materia lingüística llega también al ámbito digital. No es algo nuevo. El año pasado, un informe de Impulso Ciudadano constató el déficit en esta materia en 80 webs oficiales, en las que la información estaba en catalán pero apenas se encontraba en castellano o aranés. También ocurre en la página web del Gobierno, que No tiene un solo espacio en español.
En respuesta a una pregunta del diputado no inscrito del Parlamento regional, Antonio Gallego, Preguntada por el contenido de la prensa, la asesora de Presidencia, Laura Vilagrà, recuerda que “el catalán es la lengua de Cataluña” y que, por tanto, “es la lengua habitual de los servicios de comunicación del Gobierno”. Por este motivo, afirma el número dos de Aragonès, en la web gobernar.cat sólo hay una versión en catalán, “una versión reducida en inglés” y “cuando sea apropiado” una traducción al español.
El motivo de esta discriminación es que la web del Gobierno “no es una web de atención al ciudadano”, lo que hace pensar que este espacio en Internet es sólo un sitio de propaganda política. Vilagrà asegura que en la web de la Generalitat “algunas de las informaciones más relevantes del Gobierno están traducidas a la versión española, como los acuerdos del Gobierno o algunas de las principales noticias”.
Esta práctica, sin embargo, Choca con la oficialidad de las tres lenguas de Cataluña. (los araneses, especialmente, en el Valle de Arán, Lérida), como han señalado todos los tribunales de Justicia y el Tribunal Constitucional a la hora de interpretar las normas, las leyes y la Constitución. En esta materia, por norma general, es la administración autonómica la que debe facilitar a los ciudadanos información en las lenguas oficiales para que puedan elegir.