Los servicios y trabajos que la consultora Neurona Comunidad prestó a Unidas Podemos para la campaña electoral de las elecciones que se celebraron en abril de 2019 “cumplen con los cánones y estándares profesionales en el ámbito de la comunicación política internacional y el diseño de campañas”.
A esta conclusión llega el perito independiente que, en nombre del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, asumió la tarea de contrastar los servicios de la consultora con las tarifas facturadas a la coalición porque el juez Juan José Escalonilla, una vez acreditado que en realidad había proporcionado material de campaña, sospechaba que se trataba de un desvío debido a la inflación de los precios.
A esa conclusión llegó hace poco más de dos años, cuando señaló en un auto dirigido a Podemos que el delito electoral por el que entonces se investigaba a la formación como persona jurídica “también puede cometerse cuando los fondos electorales se utilizan para el pago de un gasto electoral por un precio superior a su coste real con el fin de distraer parte del efectivo existente.
Fue difícil nombrar un perito, ya que los que eran nombrados no aceptaban el puesto, no había voluntarios y el que había era impugnado. Finalmente, en noviembre de 2022, fue ofrecido y nombrado Aleix Sanmartín, Doctor en Comunicación Política por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Máster (MA) en Gestión Política por la Graduate School of Political Management (GSPM) de la Universidad George Washington. . (GWU), para realizar la evaluación pericial.
Su informe concluye de los materiales que le ha entregado el tribunal y “más allá de los gustos personales u opinión de cada uno en relación con el trabajo analizado en esta prueba pericial”, los servicios analizados “cumplen con los cánones y normas profesionales en materia de comunicación política internacional y diseño de campañas.
«El precio está en el rango medio»
“En relación con el precio de los productos y servicios analizados, debemos concluir que se encuentran dentro del rango medio, e incluso ligeramente por debajo, de lo que marcan los precios de mercado del sector”, apunta.
Este era el último trámite que quedaba por realizar en el caso Neurona, con el plazo de investigación ya vencido y la decisión del juez a costa de lo dictaminado por el perito. Por el camino, la causa de Podemos como persona jurídica quedó archivada al confirmarse que al partido como tal no se le podía imputar el delito electoral que se le imputaba ya que el Tribunal de Cuentas señaló problemas para justificar 363.000 euros de dinero de esa campaña. .
También fue dictado despido del cofundador Juan Carlos Monedero, que había estado bajo la lupa por presunta facturación falsa que fue aclarada. Se sospechaba que se trataba de un cargo por actuar como intermediaria de Neurona, que en realidad es una sociedad creada en una oficina de Hacienda de un pueblo de Sevilla a partir de la matriz mexicana, Neurona Consulting, para hacer ese trabajo de campaña.
El progresista expediente del caso Neurona
El resto de piezas que se abrieron, como la relativa a la supuesta financiación irregular del fondo solidario al que los altos cargos del partido estaban obligados a donar parte de sus retribuciones, o la relativa al cuidado de los hijos de Irene Montero que , en teoría, había sido confiado ilegalmente a un empleado del partido, También fueron archivados. Sólo quedó el delito electoral, que se supone será tramitado de manera preferente, y a la espera de un peritaje que arroje luz sobre los gastos. La investigación se orienta así hacia el cierre definitivo.
El caso Neurona partió de la denuncia presentada por un miembro del equipo jurídico de Podemos que fue despedido tras ser acusado de acoso sexual a una compañera del departamento. Señaló todo tipo de irregularidades, desde costas judiciales que no fueron reembolsadas a la parte hasta la usurpación del ordenador ajeno y la supuesta cuidadora ilegal, el llamado caso Nanny.
De fondo, la alerta de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y un informe que fue remitido al tribunal señalando indicios de delito electoral por la mencionada falta de justificación de 363.000 euros a la empresa mexicana. Sin embargo, durante la investigación no se ha girado ninguna comisión rogatoria a México para recabar información ni se han tomado declaraciones como testigos a los administradores de esas empresas, destinatarios finales del encargo de Unidas Podemos.
Todo este tiempo, quien ha sido y sigue siendo imputado a día de hoy es Elías Castejón, administrador de Neurona Comunidad y de una decena de empresas más desde su oficina tributaria de Carmona (Sevilla). En un escrito al que tuvo acceso torrevieja news today, ha pedido el despido gratuito “Habiendo visto el informe (pericial) y a la luz de sus conclusiones”.