Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, los concejales de la Junta de Castilla y León aprovecharon las preguntas de la oposición parlamentaria en las Cortes autonómicas para deriva la respuesta hacia los acuerdos del PSOE con Junts y ERC y sus efectos para la Comunidad. Los 15.000 millones de deuda que se condonarán a Cataluña, en virtud de estos pactos, fue lo más repetido, sobre todo para reprochar cuánto se podría hacer con esa cantidad y, de paso, satisfacer las demandas de inversión que hacen los socialistas.
Quien más esgrimió este argumento fue el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien fue interrogado en dos ocasiones, en una sesión a la que no pudo asistir el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por estar enfermo. de Covid, entonces Los grupos eliminaron del orden del día las tres preguntas que le iban dirigidas.. Carriedo tuvo que responder a la socialista Ana Sánchez sobre si consideraba que “la actitud indebida de la vicepresidenta daña la imagen y el buen nombre de la Comunidad”. Lo cierto es que no respondió a esa pregunta y prefirió irse por la tangente: “Lo más perjudicial es que el presidente del Gobierno haya decidido construir un muro con los separatistas, por un lado, y el resto de comunidades, por el otro”, afirmó Carriedo. Con la segunda pregunta, sobre la competitividad industrial de Soria, el portavoz de la Junta volvió a lo mismo: “¿Y los 15.000 millones para Cataluña?” Cantidades mucho menores, recordó, son las que el Gobierno de España niega a esta provincia.
La ministra de Educación, Rocío Lucas, que fue quien más veces intervino al responder a cuatro de las doce preguntas, se refirió al “vergonzoso intercambio” ocurrido en España. Y el ministro de Agricultura (de Vox), Gerardo Dueñas, advirtió que “despreciar la presunción de inocencia es tan grave como perdonar la deuda o la amnistía” cuando fue preguntado por la trama que se investiga en Palencia para el cobro fraudulento de las ayudas de la PAC.
La guinda de la sesión de control fue el cara a cara entre el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y el abogado de Podemos, Pablo Fernández, que le acusó de “Falta de decoro y respeto institucional” por asistir a mítines en la sede del PSOE. Gallardo respondió que lo que era inaceptable “son los 15.000 millones que su partido perdona a Cataluña” y aconsejó a Podemos que “entre insulto e insulto, respire porque le queda mucho que soportar”.