Un paseo, un recado o una cita con el médico son actividades cotidianas que Paco no puede afrontar solo. Necesita absolutamente que alguien lo apoye para poder subir o bajar las empinadas escaleras de su calle: “No quiero molestar a mi hermano, a mi cuñado o a un niño que vive al otro lado de la calle cada vez. Tengo que ir al médico”, responde Paco al diario gaditano. Señala que ni siquiera con ayuda es fácil “no puedo seguir así porque me cuesta bajar y subir. En cada paso veo las estrellas”, afirma el protagonista del artículo.
El diario gaditano publica la historia de Paco González, de 65 años, y cómo su casa de la calle Malagueñas de Puerto Real se ha convertido para él en una cárcel. Un camino que consta de una sucesión de escalones en el que el único rellano es el que accede al portal del bloque de cuatro viviendas.
La calle pertenece al ayuntamiento de Cádiz.
Esta calle con problemas de accesibilidad, según la publicación gaditana, pertenece íntegramente al ayuntamiento puertorriqueño, a lo que la familia de Paco se ha dirigido exigiendo una solución. “En el Ayuntamiento dicen que entienden la situación pero que no hay dinero. Me he reunido con el alcalde y también he hablado en el pleno para explicarle la situación de mi hermano porque necesita una solución y ya no podemos esperar más”. él dice. Manuel González, hermano de Paco, al Diario de Cádiz.
La opción que les propuso el consistorio sería una ayuda económica parcial para la adecuación de la calle, “nos han visitado desde la EPSUVI (Empresa Pública de Suelo y Vivienda) y nos han dicho que podemos solicitar una subvención de accesibilidad, que Sería de un máximo de 18.000 euros, pero el resto lo tendría que pagar mi hermano o entre los cuatro vecinos y eso no es posible”, responde Manuel al diario gaditano. “Lo que gano son 800 euros después de casi 40 años trabajando de camarero y no puedo pagar eso. Además es una calle del Ayuntamiento, no la mía”, añade Paco.
La respuesta del ayuntamiento
Lorena Díaz, concejala de Servicios Sociales del ayuntamiento de Puerto Real, respondió a esta familia que “entendemos la situación y apostamos por hacer accesible todo el municipio. Es cierto que la primera herramienta que tenemos es esta convocatoria de ayudas de accesibilidad”. Que financia el 80% es un primer paso y la EPSUVI se compromete a ayudar a presentar la solicitud, cuyo plazo se abre entre febrero y marzo”, e incluso se compromete a “asumir el 20% restante”.
A Paco y Manuel, tal y como refleja la publicación, esta alternativa propuesta por la administración no les convence. Por un lado, argumentan que el proceso para tramitar la subvención puede tardar demasiado, pudiendo incluso no ser concedido. Además, se preguntan si un ciudadano común y corriente puede pedir ayuda económica para modificar un espacio público.