“Consciente de que hacen falta más viviendas”, y en un esfuerzo por “animar” a los promotores a construirlas, la Xunta concederá ayudas en una horquilla de entre 36.000 y 50.000 euros, siempre que se destinen al alquiler, a partir del próximo mes de enero . El Consejo, en su reunión semanal, dio luz verde a un paquete de “medidas muy relevantes”, en palabras del presidente Alfonso Rueda, para “hacer un poco más fácil y accesible disfrutar de una vivienda”. El importe total: 44 millones de euros. Si se suman 12 millones para rehabilitación, 56 millones. Triple vertiente: además de incentivos a los promotores, nuevas promociones en ayudas al alquiler, para que sean “más progresivas” y una rebaja de impuestos (ya anunciada) para incentivar la rehabilitación.
En el Gobierno gallego, explicó la vicepresidenta segunda y responsable del ramo, Ángeles Vázquez, prefieren ser “prudentes” y no incluir los 24 millones de euros que “pertenecen” a la Comunidad para el reparto de los fondos europeos. A la espera de que el nuevo equipo ministerial los desbloquee, “lo antes posible”, de momento el Departamento de Vivienda no los destina, pero deja claro que estos fondos anunciados este jueves “tienen que ser ampliables”.
Tras los pertinentes estudios y de la mano del Observatorio de la Vivienda, y marcando como prioridad para el próximo año la adquisición y rehabilitación de inmuebles, se refuerzan las ayudas al alquiler, hasta cubrir el 60%. La Xunta espera llegar a 24.100 familias en 2024, triplicando estas subvenciones, de hasta 390 euros, durante un máximo de dos años. Los beneficiarios: los menores de 36 años, las familias numerosas y monoparentales, los emigrantes y repatriados y, como novedad, las personas que lleven un año o más inscritas en el registro de solicitantes. A cambio, una serie de requisitos: no superar el triple del Iprem (algo más de 25.000 euros) y tener contrato de alquiler del último año.
“Queremos ser justos”, afirmó Vázquez, por lo que no se trata de ayudas lineales, sino progresivas, “en función de las necesidades” de los destinatarios. Paralelamente, sigue activo el bono de alquiler social, para las personas más vulnerables, con una dotación de 10 millones de euros.
Al mismo tiempo, la Xunta quiere estar “al lado” de los promotores, la otra parte implicada. Con una novedad destacable: 36.000 euros por vivienda que se destina al alquiler durante 15 años, en suelo libre o en reserva (hasta ahora sólo se contemplaba la segunda opción); Si se da opción de compra, la ayuda se incrementa en 6.000 euros, hasta 42.000 por vivienda; y si se dedica a covivienda, para un alquiler de al menos 20 años, 8.000 euros más, hasta 50.000.
Además, el número tres del Gobierno gallego citó una línea de ayuda de hasta 10.600 euros para jóvenes que adquieran una vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes (fueron 700 los que adquirieron una vivienda de esta forma en los últimos tres años). En paralelo, se mantiene la denominada garantía joven, que cubre el 20% de la hipoteca a los menores de 36 años, y que ha tenido “muy buena acogida”. Una medida en la que Galicia fue pionera y que, como recordó el vicepresidente segundo, Pedro Sánchez ‘copió’ después durante la campaña electoral, aunque al menos en San Caetano no tienen ninguna “información” al respecto.
La última línea de ayudas es de hasta 50.000 euros por vivienda, pensada para ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, para rehabilitar las de titularidad del Ayuntamiento. Y a todo esto hay que sumarle la rebaja del ITP anunciada la semana pasada por el concejal de Facenda, Miguel Corgos, que entrará en vigor en 2024 a través de la ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los Orzamentos (y que se aprobará el PP en el Parlamento, ambas leyes, con su mayoría absoluta). El ITP baja al 6% para adquirir vivienda para rehabilitar inmediatamente, y al 4% en zonas de baja densidad de población. Cada punto que baja el ITP, ilustró el responsable de Vivienda de la Xunta, supone un ahorro de 1.000 euros por cada 100.000 euros de coste de la vivienda.
Rueda destacó que Galicia es “una de las comunidades más ambiciosas en la promoción de vivienda pública”, y recordó que la Xunta está “trabajando” para promover 1.900 viviendas de alquiler social, más 3.000 de promotores privados, para incrementar en un 50% el parque. invirtiendo 250 millones de euros. “Estamos dentro del plazo”, dijo.
Vázquez, consultado por los medios, aclaró que no ha habido un cambio de “criterio” respecto a la declaratoria de zonas tensionadas que figura en la Ley de Vivienda estatal. Lo que pasa, ha explicado, es que ayuntamientos como La Coruña o Santiago (éste, sin petición formal) solicitaron esta declaración, que no tiene una “fórmula” habilitada en la norma, sólo unos “parámetros” que la Xunta ve como irrealizable (la mitad de Santiago quedaría fuera, por ejemplo). Lo que hará el Gobierno gallego, a través de la ley de acompañamiento, es establecer un procedimiento (estudio de la superficie con número de viviendas, tipología, tiempo sin alquiler, creación de una mesa sectorial, exposición pública). “No podemos parar”, justificó Vázquez, ante la exigencia de las administraciones locales y la inacción del Gobierno.