El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo -el mismo que no considera delitos de terrorismo en el caso Tsunami Democràtic- ha solicitado penas de entre 8 y 27 años de prisión por delitos terroristas para los doce presuntos miembros de la célula violenta de los Comités de Defensa de la República (CDR) se autodenominaron Equipo de Respuesta Táctica.
El escrito, presentado este viernes ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que ya sentó a todos en el banquillo el pasado 3 de noviembre, solicita concretamente 27 años de prisión por ocho de ellos, Eduardo Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás Aubeso, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Joaquín Delgado.
El fiscal los acusa de delitos de membresía en una organización terrorista (ocho años de prisión), así como posesión, almacenamiento y fabricación de sustancias o dispositivos explosivos e inflamables de carácter terrorista (once años de pena), más otro delito de estragostambién terroristas, en un nivel de tentativa (ocho años).
En cuanto a los otros cuatro imputados, Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero, el fiscal les acusa de un delito de pertenencia una organización terrorista para la que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita una pena de ocho años de prisión.
Los doce fueron detenidos desde septiembre de 2019 (junto a otra persona exonerada por motivos de salud durante la investigación) en el marco de la llamada Operación Judasbajo sospecha de planear acciones violentas con vistas a la conmemoración del 1 de octubre y la impugnación del fallo de la Corte Suprema sobre los líderes del proceso que se esperaba para ese otoño.
Ahora, podrían quedar amparados bajo el manto de la ley de Amnistía que ya ha iniciado su andadura parlamentaria y que sólo excluye los delitos de terrorismo relacionados con el independentismo para los que hay sentencia firme. Dados los plazos que maneja la Audiencia Nacional, difícilmente habrá sentencia, ni siquiera en primera instancia, antes de que la legislación entre en vigor en primavera.
Pero independientemente de lo que ocurra a nivel parlamentario, el Juzgado Central de Instrucción 6 que dirige Manuel García Castellón y la Fiscalía siguen trabajando. Luego de la apertura del juicio oral por parte de la Sala Penal, llega el momento de presentar los escritos de acusación y defensa. Este es el trámite que culmina ahora el fiscal Miguel Ángel Carballo.
Sucede que en el caso de los CDR son los El mismo juez y el mismo fiscal trabajando en el caso Tsunami Democrático.pero mientras en relación a la Operación Judas han ido al mismo ritmo durante los más de cinco años que ha durado la investigación, en el caso sobre los graves disturbios en Cataluña tienen criterios opuestos: el juez ve terrorismo y la Fiscalía, pública trastornos.
Carballo ha recurrido los dos últimos hitos del instructor, el auto que acusó entre otros a Carles Puigdemont de estos delitos terroristas y su decisión de enviar todo el caso al Tribunal Supremo para que sea allí donde se investigue al acusado.
Violencia “en su máxima expresión”
En cuanto a los ahora imputados, durante las investigaciones se supo que los doce habían “superado la actividad al interior de los respectivos CDR y formado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería realizar acciones o atentados violentos”. ” contra objetivos previamente seleccionados utilizando explosivos y/o sustancias incendiarias fabricadas en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares.
La vigilancia de la Guardia Civil, de hecho, había detectado deflagraciones en una de esas viviendas y en los registros encontraron Sustancias compatibles con la fabricación de explosivos., así como manuales e información para construirlos y mapas, fotografías de reconocimiento exterior y contenidos sobre estos objetivos previstos. Entre sus aspiraciones, por ejemplo, estaba asaltar y asediar el Parlamento para encerrarse en su interior, derribar el sistema de comunicaciones que lo rodeaba, y declarar la independencia.
Según el auto del juez Manuel García Castellón que puso fin a la investigación y envió el caso a juicio, los ahora imputados estaban dispuestos a utilizar “violencia en su máxima expresión, obligar coercitivamente a ceder a las instituciones” del Estado en Cataluña, es decir: “subvertir el orden constitucional” e “imponer su causa” constituida como una “organización terrorista” en forma de “mando autónomo” respecto de los CDR.