La acusación del fiscal Miguel Ángel Carballo les atribuye delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos, tentativa de estrago.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado este viernes el auto de procesamiento en el caso CDR, en el que exige penas de 27 años de prisión para ocho detenidos en el operación judas y de ocho años a otros cuatro.
El fiscal considera que las actividades de esta célula radical surgida de los CDR y autodenominada ERT (Equipo de Respuesta Rápida) supusieron la comisión de delitos de pertenencia a organización terrorista (ocho años de prisión) y, para nueve de los investigados, también de posesión. , almacenamiento y fabricación de sustancias o artefactos explosivos e inflamables de carácter terrorista (11 años) y tentativa de estragos de carácter terrorista (ocho años).
El documento remitido a la Audiencia Nacional que celebrará el juicio está firmado por el fiscal Miguel Ángel Carballo, el mismo que hace dos semanas rechazó la existencia de terrorismo en la investigación sobre el Tsunami Democrático. El fiscal relata al Tribunal que la creación del Equipo de Respuesta Rápida a partir de miembros de diferentes CDR de “gran radicalismo” se debió a la necesidad de contar con “un grupo clandestino de individuos de suma confianza y que se muestren totalmente entregados”. a la causa”, a quien se confiaron “las acciones más sensibles”.
“Su objetivo final como organización era conseguir la independencia de Cataluña, utilizando la violencia en su máxima expresión, obligando así coercitivamente a las instituciones a otorgar mediante hechos la separación de Cataluña del resto de España”, afirma el Fiscal.
Añade que los 12 imputados como miembros de los ERT habrían superado la actividad dentro de los respectivos CDR de los que procedían “y formado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería realizar acciones o atentados violentos”. contra objetivos previamente seleccionados.” “utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricadas en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares”.