Estos proyectos se enmarcan en la Ley de Recuperación de Suelos Agrarios de Galicia y supondrán la movilización, en conjunto, de más de 85 hectáreas. Así, la finca de Oímbra, en el municipio del mismo nombre, Tiene 21,76 hectáreas de terreno divididas en 72 parcelasy la finca Cualedro, en el municipio del mismo nombre, comprende un total de 64 hectáreas de terreno correspondientes a 72 fincas.
Cabe señalar que en este caso, al tratarse de una iniciativa pública, el objetivo prioritario es poner en producción áreas de terrenos agroforestales con buena capacidad productiva que con el tiempo han llegado a un estado de abandono o subutilización, recuperando así un valor agrícola o actividad forestal. Con este procedimiento se aclarará la titularidad de seis fincas, con base en el artículo 19 de la citada Ley de Recuperación de Tierras Agrarias de Galicia.
Paso anterior
Como paso previo al inicio de estos expedientes de investigación patrimonial, se consultó la información catastral de ambos municipios y del registro de la propiedad y, en colaboración con los ayuntamientos, se llevaron a cabo las actuaciones necesarias para realizar los trámites necesarios para actualizar la titularidad de las parcelas dentro del territorio y perímetro de las fincas agroforestales, recogiendo y analizando la documentación aportada por vecinos y propietarios.
El inicio de los expedientes será trasladado a las distintas administraciones para su máxima difusión y quedarán expuestos durante un plazo de 20 días. Luego, al finalizar dicho período de exposición, los afectados podrán alegar por el plazo de un mes. Para ello deberán aportar los datos, antecedentes o documentos que consideren pertinentes para acreditar su derecho, mediante escrito dirigido a la Dirección General de la Agencia Galega de Desarrollo Rural. La Ley incluye diferentes opciones para acreditar la propiedad de la tierra. Asimismo, el anuncio se publicará en el apartado específico de la página web de la Agencia Galega de Desarrollo Rural:
Los procedimientos que fueron publicados ayer deberán ser instruidos y resueltos en un plazo máximo de dos años y una vez finalizados serán trasladados a la Administración General del Estado para actualizar los datos catastrales.