Los inquilinos que ya resultaran beneficiados de as ayudas al de 2022 podrán solicitar a partir de este viernes su renovación en la nueva convocatoria de este año a partir de un formulario a complementar con los recibos bancarios de los pagos efectuados. En el caso de los que opten por primera vez o no la hubieran recibido por no cumplir las condiciones, tendrán que seguir el procedimiento habitual.
Fuentes de la Consejería de Medio Dominio, Vivienda y Ordenamiento del Circunscripción informaron a Ical de que ya se habían abonado «en su totalidad» las ayudas de la convocatoria de 2022, con un montante de 29,35 millones de euros. Éstas se resolvieron a finales de octubre, en medio de polémica y tras completarse diferentes fases en las que los solicitantes presentarán la documentación irresoluto, una vez que se revisaron 24.721 peticiones, un 14,65 por ciento más que en 2021 y hasta un total de 14.277.
Desde diciembre, la maquinaria de la Dirección Militar de Vivienda, Edificio, Ordenamiento del Circunscripción y Urbanística se prepara para cobrar de nuevo un tromba de solicitudes, si acertadamente la convocatoria de 2023, llega con novedades en su tramitación, con el objetivo de simplificar el procedimiento para los posibles beneficiarios, de acuerdo al extracto publicado en el Boletín Oficial de Castilla y Arrojado (Bocyl) el pasado 23 de octubre.
La principal novedad de la convocatoria es que los que resultaron beneficiarios deberán aportar un nuevo maniquí denominado Renovación y no tendrán que presentar cero más omitido los recibos bancarios de 2023 (y un anexo si conviven personas mayores de 14 abriles). En el caso de que haya cambios en algún número con respecto a la pasada tiraje, tendrán que destinar un nuevo anexo denominado variación de datos y que se ha incluido en el maniquí de renovación.
En cuanto a los que no resultaron beneficiarios por cualquiera de los motivos establecidos en la convocatoria pasada y para los que no hayan presentado solicitud en 2022 se reserva el maniquí de solicitud habitual. El plazo, que comienza el próximo viernes, se cierra el 15 de enero de 2024, cuando comenzará la revisión de los expedientes para su resolución en los siguientes meses, si acertadamente el periodo establecido en la convocatoria para hacerlo son seis meses.
La Consejería que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones contempla un presupuesto de 19,72 millones para la convocatoria de 2023, de los que 630.045 euros se reservan para las solicitudes de personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida. No obstante, este área contempla la posibilidad de incrementar la cuantía total en otros 14 millones, lo que no requerirá una nueva convocatoria, pero dependerá de la proclamación de disponibilidad del crédito. Con ello, el coste total ascendería a 33,72 millones, lo que supone 4,36 millones más que en 2022.
De nuevo, estas ayudas, convocadas en régimen de concurrencia competitiva, tienen como objetivo simplificar el paso a viviendas en régimen de arriendo o cesión de uso a sectores de la población con medios económicos limitados. Los beneficiarios podrán ser personas físicas mayores de existencia, que sean titulares de un pacto de arriendo, de cesión de uso o de arrendamiento de una vivienda o habitación que constituya su residencia habitual y permanente.
Encima, en cuanto a renta, es necesario que el total de los ingresos anuales de la mecanismo de convivencia sea igual o inferior a tres veces el IPREM (23.725,80 euros) y superiores a 0,5 veces el IPREM (3.954,30 euros). El periferia mayor se incrementa hasta cuatro veces el IPREM (31.634,40 euros) para familias numerosas de categoría militar o víctimas de terrorismo o hasta cinco veces (39.543,00 euros) para familias numerosas de categoría singular o de personas con discapacidad con un nivel igual o superior al 33 por ciento.
En la convocatoria de 2022, se incluyó por primera vez el arriendo de habitaciones como objeto de la subvención, siempre que su coste no supere los 150 euros si se ubica en un municipio del medio rural y 200 euros en el resto.