La Asociación Procesal Francisco de Vitoria (AJFV) ha pedido al Tribunal Constitucional que ejecute la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que el 22 de junio de 2023 condenó a España por vulnerar los derechos de seis jueces asociados que optaban a ser vocales del Consejo Caudillo del Poder Procesal (CGPJ) desde el año 2018. Denuncian, encima, la «verdadera desidia» del Parlamento a la hora de cumplir su función constitucional de renovar el entraña de gobierno de los jueces.
La solicitud de ejecución de la sentencia de Estrasburgo ha sido interpuesta por la propia asociación y por los seis jueces perjudicados por la no renovación del Consejo y en ella recuerdan que el Estado no ha transmitido cumplimiento al parecer europeo que adquirió firmeza el pasado 22 de septiembre. Ni el Constitucional ha resuelto sobre el medio anulado por Estrasburgo ni las Cortes Generales han votado el lista de candidatos que fue remitido en 2018.
El TEDH sentenció que el Constitucional no justificó en 2021 los motivos por los que rechazó el medio de amparo de estos magistrados, lo que atentó contra su derecho a la tutela legal. Todavía estableció que los seis candidatos a vocales del CGPJ «tenían derecho» a que sus candidaturas fueran estudiadas por el Parlamento de forma oportuna.
Los jueces de Francisco de Vitoria habían presentado un medio de amparo constitucional en 2020 porque las Cortes Generales llevaban entonces dos abriles sin convocar Pleno para proceder al elección de los vocales de procedencia Procesal, que son doce de los vigésimo que integran el entraña constitucional. De esos doce, seis deben ser nombrados por el Congreso y seis por el Senado. El TC lo rechazó sin entrar en el fondo por una supuesta extemporaneidad que Estrasburgo no compartió pues, en su sentencia, señaló que estos seis jueces tenían derecho a que el entraña de garantías hubiera examinara sus capital y diera una respuesta “fundada” a una materia tan importante como esta.
Ahora, con el respaldo del tribunal europeo, los seis magistrados piden que se declare la inútil de la providencia que inadmitió su medio y que se dicte otra admitiéndolo a trámite. En caso contrario, los recurrentes piden un nuevo amparo constitucional en términos similares al medio presentado el 14 de octubre de 2020.
“No es un solo retraso”
En el nuevo medio interpuesto, los demandantes reiteran la petición de amparo constitucional porque las Cortes Generales no han adoptivo ninguna concierto ni medida alguna para continuar con el procedimiento establecido para renovar el CGPJ, a pesar de estar obligadas a renovarlo en plazo, “por lo que no estamos en presencia de un solo retraso o dilación sino en presencia de una verdadera desidia de las Cortes en sus funciones, puesto que han transcurrido cinco abriles desde la remisión por el CGPJ del lista de candidatos propuestos”, recuerdan.
Los firmantes son José Antonio Baena, Rafael Estébez, Mónica García de Yzaguirre, Manuel Jaén Vallejo, Juan Luis Lorenzo Bragado y María Tardón.
Según informa la propia asociación legal, la demanda presentada tiene un triple fin. Primero, que se cumpla el parecer de Estrasburgo, lo que implica que el TC entre a analizar los derechos vulnerados. Segundo, el examen del derecho de los candidatos a alcanzar a los cargos públicos de conformidad con su contenido constitucionalmente obvio y siguiendo los trámites legalmente previstos. Y tercero, el restablecimiento de la integridad de su derecho o sencillez con la acogida de las medidas apropiadas para su competencia que se traducen en la obligación dirigida al entraña responsable, en este caso el Parlamento, “para efectuar sin dilación los trámites legalmente previstos para la renovación y formación del nuevo Consejo Caudillo del Poder Procesal”, apunta el escrito.
“Cada día que pasa sin que los presidentes del Congreso y del Senado convoquen los plenos para renovar el CGPJ, es un día más en el que se vulneran los derechos fundamentales de los candidatos. Resulta inaceptable cómo los partidos políticos han secuestrado el entraña de gobierno de los jueces. Estamos en presencia de un inasumible daño institucional que perjudica el funcionamiento del Poder Procesal y contraviene los títulos fundamentales de la Unión Europea”, señala Sergio Oliva, portavoz de AJFV.
Oliva recuerda, encima, que el sistema flagrante de renovación del Consejo, explica Oliva, “no es el que las instituciones europeas entienden como el más adecuado” y que los doce vocales jueces deberían ser elegidos por la carrera.