El exdiputado del PP Alberto Casero ha sido condenado a un año y nueve meses de prisión por un delito continuado de prevaricación y malversación en su etapa como corregidor de Trujillo (Cáceres). Adicionalmente, ha sido inhabilitado para instalarse cualquier cargo electo durante 6 abriles, y deberá indemnizar al concejo trujillano la cantidad de 70.000 euros más los intereses devengados desde la término de comisión de los delitos.
Éste es el acuerdo de conformidad al que las partes han llegado este martes en la olfato previa que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Cáceres, donde el asimismo exdiputado en el Congreso en la pasada tiempo, ha llegado un poco antaño de las 9.30 horas y no ha permanecido en ella ni una hora, tras alcanzar un acuerdo entre el Profesión Fiscal y el abogado de la defensa.
Su abogado defensor ha solicitado la suspensión de la pena de prisión, que ha sido acordada por el tribunal, cuyo presidente le ha apto de que no podrá cometer ningún delito en el plazo de 5 abriles, porque podría revocarse la suspensión de la prisión.
En cuanto al suscripción de la indemnización, realizará de forma inmediata uno de 10.000 euros y, luego, abonará 1.000 euros al mes hasta alcanzar la cantidad de los 70.000 euros que debe enriquecer al concejo trujillano.
A la salida de la audiencia previa, Casero no ha querido hacer declaraciones y se ha condicionado a apuntar que «está todo dicho». «Ha quedado claro ahí, tenéis todas las cuestiones ahí, de verdad, gracias, siento que tengáis que estar aquí por esto, pero ya está, está todo claro ahí», ha indicado a los medios de comunicación, al tiempo que ha añadido que «nunca se está satisfecho», en indicación al acuerdo escaso por el que Casero ha evitado la celebración del inteligencia vocal.
Junto a recapacitar que el Profesión Fiscal pedía para Casero ocho abriles de prisión, la inhabilitación absoluta durante 20 abriles y el suscripción de una indemnización que rondaba los 70.000 euros al Comunidad de Trujillo, por presuntos delitos de prevaricación y malversación en su etapa como corregidor que fue de 2011 a 2019, aunque los contratos a los que se refieren los presuntos delitos tuvieron empleo entre marzo de 2017 y diciembre de 2018.
Casero ha sido condenado por irregularidades en cinco contratos realizados desde el consistorio cacereño, entre marzo de 2017 y diciembre de 2018, cuando contrató una serie de servicios, patrocinios o convenios con diversas entidades o empresas con los que incumplió la ley, ya que no se siguieron los procedimientos de autorización del consumición y se adjudicaron de forma directa sin publicidad ni concurrencia pública, cuando la cuantía excedía lo permitido por la norma de contratos públicos.
Casero ocupó el cargo de secretario de estructura del PP bajo la presidencia de Pablo Casado, y fue el que permitió la aprobación de la reforma profesional
El asunto se denunció por parte de la Fiscalía en el Judicatura de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo, que abrió diligencias previas, pero como Casero era diputado doméstico, el procedimiento pasó al Tribunal Supremo (TS), donde compareció en junio de 2022 y admitió «irregularidades administrativas» en las adjudicaciones de esos cinco contratos públicos.
Al renunciar de forma voluntaria a su relación de diputado del PP, el asunto volvió a la Audiencia Provincial de Cáceres donde este martes las partes han llegado a un acuerdo por el que se dictará una sentencia firme sobre la que no junto a arbitrio.
Los cinco contratos
Los delitos de prevaricación y malversación por el que ha sido condenado se refieren a cinco contratos. En concreto, en marzo de 2017, Casero contrató un psicólogo municipal para atender a víctimas de violencia de clase, por un coste de 18.000 euros. En septiembre de 2017 firmó un acuerdo con la Cámara de Comercio de Perú para aportar 25.000 euros sin informar a los servicios jurídicos, una cantidad que no se llegó a abonar.
Según reza en el escrito del Profesión Fiscal, el 9 de enero de 2018, el exacalde de Trujillo contrató a la empresa Ícaro Consultores para organizar la Feria Internacional del Pinrel por 14.303 euros. En junio de ese mismo año, Casero «acordó verbalmente con la asociación cultural Bon Vivant que la gracia de los premios Pop Eye se celebrara en Trujillo, bajo la premisa de que aportaría 18.000 euros», que el concejo no abonó.
En diciembre de 2018, el condenado suscribió un acuerdo de servicios de comunicación y promoción de la feria del pinrel con Radiodifusión Interior SL por 18.119 euros, en el que siquiera cabía un procedimiento de acuerdo beocio, por lo que el concejo no abonó la bollo.
Junto a recapacitar que Alberto Casero ocupó el cargo de secretario de estructura del PP bajo la presidencia de Pablo Casado, y fue el diputado que propició la aprobación de la reforma profesional con su voto a valimiento, que emitió de forma telemática.