El Audiencia de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Villena (Alicante) ha pactado la comprensión de seso hablado al exalcalde Francisco Javier Esquembre Último y a dos exconcejalas -Catalina Hernández Martínez y María del Carmen García Martínez- pertenecientes en 2018 al partido ecologista «Los Verdes de Villena», por presunta prevaricación por impedir la celebración de corridas de toros durante varios primaveras.
Segú ha informado la Fundación Toro de Tienta (FTL), se les acusa de un delito tipificado en el artículo 404 del Código Penal y el curia roborar su albedrío provisional, al tiempo que requiere a cada uno la prestación de fianza para afianzar las responsabilidades que pudieran imponérseles.
El exalcalde de la plaza alicantina, el primero de un partido ecologista en España, en su momento, al aparecer al poder en 2011, se sentará en el banquillo tras múltiples pronunciamientos judiciales que determinaron de una modo rotunda que el Cabildo de Villena no podía prohibir ni impedir los festejos taurinos en su plaza, según las mismas fuentes de la entidad que presentó la querella por este motivo.
A pesar de las resoluciones favorables obtenidas en los tribunales de lo Contencioso-Oficial por la Fundación Toro de Tienta en los primaveras 2016, 2017 y 2018, el entonces corregidor de Villena continuó denegando sus peticiones realizadas conjuntamente con la Peña Cultural Taurina Villenense.
Fuera de sus competencias
En 2016, delante la negativa del Cabildo por considerar «que los espectáculos taurinos tienen connotaciones negativas y no conviene asociarlos al municipio» y tras un solicitud presentado por la FTL, el Tribunal Superior de Razón de la Comunidad Valenciana dictaminó que el Cabildo carecía de competencia tanto para autorizar o desaprobar la celebración de este tipo de festejos como para cuestionar los rasgos jurídicos que definen la tauromaquia como acertadamente de interés cultural, y ordenó al Consistorio al suscripción de las costas del procedimiento.
Esquembre además justificó sus negativas a que la plaza de toros carecía de las condiciones de seguridad adecuadas para este tipo de actividad, encima de rechazarlas por motivos ideológicos y culturales.
Un año más tarde se repitió la misma situación: tras la denegación de la autorización municipal y posterior solicitud de la FTL, una nueva resolución contencioso insistió en que «siendo la tauromaquia un patrimonio cultural digno de protección en todo el condado doméstico, el municipio de Villena no constituye una excepción a esta máxima establecida legalmente; y transmitido que los poderes públicos deben practicar una energía de pase de la tauromaquia, el Cabildo de Villena además se encuentra comprometido adentro de tal exigencia procesal», por lo que condenó de nuevo en costas al consistorio.
En 2018 y delante las dos últimas resoluciones judiciales, se solicitó de nuevo la plaza de Toros para realizar una corrida y en este caso, el consistorio no denegó la solicitud explícitamente, pero sí por silencio chupatintas.
El tribunal en esta ocasión condenó basándose en la derecho generada por los procedimientos anteriores interpuestos por la FTL y añadió que el silencio chupatintas, al no dar razones para desmentir la solicitud, coloca a la parte demandante «en la más absoluta indefensión», cerrando así además esta postura del consistorio.
«Dada la reiterada ademán arbitraria de Francisco Javier Esquembre impidiendo la celebración de espectáculos taurinos en Villena a pesar de las continuadas resoluciones judiciales, la FTL inició un procedimiento por la vía penal por prevaricación que fue admitido a trámite el 28 de mayo de 2019», han recordado los denunciantes.
Ese año, el corregidor se retiró de la primera término de la política y volvió a practicar como médico, aunque ha mantenido su militancia y acción directa con su partido, que sigue en el equipo de gobierno municipal en coalición con los socialistas, si acertadamente ahora, fruto de las nuevas mayorías, es el PSOE quien tiene la vara de mando.
Después, el curia incorporó a la causa como investigadas a Catalina Hernández y María del Carmen García, como miembros de la Acoplamiento de Gobierno Locorregional que además intervinieron en la plazo mencionado a ese cambio en el Cabildo en la acogida del acuerdo que denegó el uso de la plaza solicitado por la Peña Cultural Taurina Villenense y que, por consiguiente, habrían impedido además con su concierto la celebración de los festejos taurinos.