Según relata la abogada especializada en temas de inmigración, derechos humanos e infancia, Vania Oliveros, “los menores se fugaron del centro y acudieron a la Policía Doméstico a poner la denuncia pero allí no les hicieron caso. Más tarde, acompañados por voluntarios de dos entidades de defensa de la infancia acuden al judicatura de instrucción, el sentenciador recoge la revelación pero les dice que no va a tomar medidas, ni informar a la dirección normal, tutores legales de estos adolescentes menores de momento, ni siquiera a la Fiscalía”.
Para Oliveros se alcahuetería de un caso evidente de desprotección porque “en este caso no han funcionado los mecanismos de protección para estos niños que actualmente están en la calle, no sabemos si están comiendo o no o donde están durmiendo. Se han enfrentado con las puertas cerradas tanto por parte de la policía como por parte de la neutralidad y de la entidad que se supone se debería encargar de su protección”.
Desde la dirección normal de Protección a la Infancia y la Clan del Gobierno de Canarias aseguran que han actuado desde que han tenido conocimiento de los hechos. Sandra Rodríguez, responsable del dominio, asegura que “el trabajador denunciado ya está fuera del centro suspendido de empleo y sueldo y el director acompañó a uno de los menores a poner la pertinente denuncia. Por otra parte, este mismo domingo hemos entregado orden de aparecer al centro para examinar qué está pasando. Las técnicas han emitido un mensaje en almohadilla a las entrevistas realizadas a los adolescentes, trabajadores y equipo directivo que remitiremos a la veterano brevedad posible a Fiscalía”.
Rodríguez asegura no entender cómo es posible que haya una entidad como Save The Children que sepa dónde están los menores y no lo comunique. “Ahora mismo no sabemos dónde están los niños y estamos efectivamente preocupados por ellos”.