Ni diez minutos duró el pleno extraordinario (segundo de la semana) que convocó este martes, tras fracasar por completo los planes del regidor. El BNG se marchó incluso antiguamente de sufragar si se aceptaba la aprieto del pleno, tras apuntar a que “o regulamento do Concello esixe que os expedientes que se levan ao pleno deben estar concluídos e estes carecen dos informes fiscalizadores”. PP y PSOE votaron a posteriori en contra de ratificar la aprieto de la sesión por el mismo motivo y la sesión no se celebró. Para colmo de males, el plan de choque para obras ya está adjudicado pese a no tener fondos, “unha profunda irregularidade administrativa” y el resto de partidas “contaban con crédito para ser pagadas”, como advirtió el superior de Xestión Económica y recordaron PSOE y BNG.
No hubo pleno, pero sí speech de Jácome, quien, desbordado, arremetió de nuevo contra el interventor municipal, Gonzalo Alonso, al que culpó de todos sus males. Aprovechando la coyuntura estatal, le acusó de hacer “lawfare” (extirpación jurídica) contra su administración. Tras opinar esto le negó la palabra al funcionario y luego a la socialista Natalia González y aseguró que todo el plan de choque de obras seguirá otros seis meses sin hacerse al no aprobarle la facultad de crédito, intentando echar balones fuera. Eso sí, no dudó en registrar que los expedientes se habían traído sin informar, al contrario de lo que exige la ley, aunque a él le parece “surrealista”.
Ahora, Jácome volverá a intentarlo a la desesperada una vez más, e incluirá de nuevo estos dos expedientes para dotarse de crédito en el pleno ordinario de este viernes, aunque los técnicos creen que aunque se apruebe ya no dará tiempo a incorporarlos al próximo examen. Está por ver si conseguirá aprobarlos, pues el PP fue ayer muy duro con él, y tras originarse una nueva etapa tras su alianza con el PSOE en la Diputación, anunció que le retiraba la respiración asistida.
La portavoz del PP, Sonia Ogando, aseguró que “non imos seguir sendo cómplices” de esta situación económica, que calificó como “nefasta e neglixente”. Y los populares estallaron porque ayer se trajeron de aprieto varias partidas, pero ninguna para satisfacer la millonaria deuda a los proveedores, que, según los populares, dejan ya más un de millar de facturas en el cajón en Infraestructuras: “Non se trouxeron pagos a provedores nestas dúas modificacións de crédito, tal e como os populares xa reclamamos no pasado pleno ao goberno municipal, onde lle pedimos que fose valente e aportara, unha a unha, as máis de 1.000 facturas que están no caixón de infraestruturas, e noutras áreas, sen satisfacer ás empresas e autónomos da nosa cidade”, explicó.
Nueva hoja de ruta
En presencia de esta altura, los populares dejaron clara que la hoja de ruta ha cambiado, con unas declaraciones que sonaron premeditadamente de rectificación: “Os populares non imos seguir sendo cómplices desta situación nin continuar dando osíxeno mentres non se paguen as débedas pendentes coas pemes e autónomos. É preciso unha planificación axeitada”.
De hecho, en el PP hacen remisión al crónica de Xestión Económica avanzado por este semanario en el que pone en duda que se puedan satisfacer las deudas a concesionarias: “Descoñecemos a canto ascenden as débedas do concello, que acabaremos pagando todos os veciños con impostos máis altos”, concluyeron.
El PSOE señala al corregidor
El comunidad socialista señaló que el propio corregidor reconoció la “ilegalidade” de las modificaciones de crédito que pretendía aprobar, admitiendo que no estaban informadas por el interventor. “Obviamente, non poden ser avaladas pola competición ou os técnicos municipais”, señaló María Fernández.
El BNG acento de líneas rojas
El BNG decidió no participar en el pleno por las “graves irregularidades” de los expedientes, “a máis evidente, a abandono do crónica do interventor”. Luis Seara dejó claró que se traspasó “unha liña vermella moi perigosa” con la que no tragan: “Sométense a votación sen ter sido fiscalizados, é gravísimo”.
11 millones de euros en facturas impagadas
El crónica de Gobierno del Concello correspondiente al mes de octubre señala que la deuda del Concello de Ourense con los proveedores escalera ya a 11,07 millones de euros, con una tardanza en los pagos de 68,37 días, más del doble de lo que marca la reglamento.