La máquina defectuosa otea el punto tardío 4,000 de la A-5, tanto los coches que acceden a Madrid como los que salen de la hacienda. Hace cuatro abriles que supervisa la circulación de un tramo de autovía de 1.750 metros, pero funciona mal. La razón es que «la distancia efectivo del tramo controlado no coincide con la especificada en el certificado de comprobación técnica del cinemómetro, hecho que invalida su efectividad probatoria en la supuesta comisión de una infracción por exceso de velocidad», explica el comunicado de Dvuelta, una entidad de automovilistas que ha reses ya 24 sentencias judiciales en contra del radar que más multó el año pasado (y el tercero hasta junio de 2023).
Desde su puesta en funcionamiento, en abril de 2019, estas cámaras han cursado unas 250.000 sanciones por valencia de unos 18 millones de euros, según los datos municipales revisados por la asociación. «Todas ellas ilegales: el examen de los expedientes sancionadores de ese radar a lo dadivoso del tiempo revela de guisa inequívoca la misma deficiencia en la adquisición de la prueba de cargo [la evidencia de la infracción] que los juzgados de Madrid, de guisa acorde y persistente, han señalado en sus sentencias», zanjan desde Dvuelta.
En uno de los 24 fallos de las salas de lo Contencioso-Burócrata que han legado la razón a los automovilistas, se comprueba que «el tramo represión por el transporte es viejo al medido por el cinemómetro, por lo que no queda acreditada la comisión de la infracción». «Según el certificado de comprobación del cinemómetro incorporado al expediente la largura del tramo es de 1.735 metros (puntos kilométricos 4,000 y 5,735), mientras que con las fotografías tomadas se acredita que las cámaras estaban situadas en los PK 4,000 (inicio de tramo) y 5,750 (final de tramo, siendo la distancia de tramo efectivo de 1.750 metros)», señala la sentencia.
El radar ha operado todo este tiempo con un beneficio de error de 15 metros. Por eso prevalece la presunción de inocencia de los infractores y son ilegales las resoluciones sancionadoras. Más de 250.000 boletines, 18 millones de euros e «incalculables», dicen desde Dvuelta, puntos de carné injustamente sustraídos por el Comunidad de Madrid. De los 24 posibles judiciales presentados con éxito por la asociación, 22 de ellos condenaron al consistorio al suscripción de costas, que ha devuelto las cantidades cobradas irregularmente y pagado los costes de la representación admitido de los denunciantes. Sin confiscación, aún no ha cambiado su máquina.