El Consejo Genérico del Poder Sumarial se pronunciará mañana jueves sobre la propuesta de proclamación de Álvaro García Ortiz como fiscal genérico del Estado. El Pleno cumplirá así el trámite de audiencia establecido en la Constitución Española y en la Ley Orgánica del Poder Sumarial.
Según informa el víscera de gobierno de los jueces, la inclusión de este punto en el orden del día del Pleno ordinario de noviembre se ha producido luego de que el Empleo de la Presidencia, Ecuanimidad y Relaciones con las Cortes haya comunicado que en la reunión del Consejo de Ministros celebrada ayer se aprobó un acuerdo por el que se recaba del CGPJ la audiencia preceptiva sobre la propuesta de proclamación.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 29.2 del Estatuto Orgánico del Empleo Fiscal, el mandato del fiscal genérico del Estado puede ser renovado en el caso de que el titular hubiera ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos primaveras. Álvaro García Ortiz fue conocido fiscal genérico del Estado por Actual Decreto 675/2022, de 1 de agosto tras renunciar Dolores Delgado por motivos de sanidad.
No es por consiguiente la primera vez que García Ortiz tiene que percibir el gastado bueno del Consejo, poco que para fiscales anteriores había sido poco más que un trámite pero que en su caso y en el de su antecesora no fue precisamente un camino de rosas. La confesión de idoneidad del todavía flagrante fiscal genérico en funciones salió delante con 12 votos frente a siete, por lo que es de esperar que se produzca una división similar a la de julio del pasado año, aunque ahora serán 16 y no 19 los vocales que opinen.
Se da la circunstancia de que los siete vocales que suscribieron un demoledor voto particular contra la propuesta de García Ortiz continúan hoy en el víscera de gobierno de los jueces. Se comercio de Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández José María Macías, Nuria Díaz Prior y María Ángeles Carmona. “El candidato propuesto no cumple a nuestro discernimiento con el requisito de la imparcialidad que la responsabilidad de tan entrada responsabilidad implica”, señalaba el escrito que los siete suscribieron.
Estos vocales cuestionaron su imparcialidad tanto por su cercanía al PSOE como por el hecho de favor sido el “rama ejecutor” de Dolores Delgado en todas las polémicas que han salpicado a la institución durante su mandato. El problema es que ahora la polémica le persigue a él en primera persona, luego de que el Tribunal Supremo anulara la semana pasada su valor de ascender a primera categoría a su ex jefa, Dolores Delgado, a la que nombró fiscal togada de la Sala Marcial del Detención Tribunal en lo que el propio Supremo ha calificado de “desviación de poder”.