El Seprona actúa en la granja de cerdos de Quintanilla del Coco (Burgos) y no encuentra irregularidades


El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Gendarme Civil (Seprona) intervino hoy en la rancho de cerdos de Quintanilla del Coco (Burgos) como respuesta a la querella presentada por la ONG española Observatorio de Bienestar Animal delante posibles delitos de maltrato animal con perjuicio de homicidio, otros delitos de maltrato animal por omisión y un delito continuado relativo al mercado y a los consumidores. Pese a ello, según fuentes consultadas por la Agencia Ical, los agentes actuantes no habrían hallado ninguna irregularidad, regalado que las condiciones en las que se encontraban los animales y sus instalaciones eran «correctas».

La querella se formalizó por parte de la ONG en el tribunal de Lerma contra los responsables y operarios de esta rancho de cerdos de Quintanilla del Coco por presuntos delitos de maltrato animal con perjuicio de homicidio, así como la modalidad de actividad por omisión. La ONG exige «la clausura de la rancho y una condena ejemplar por la pésima trámite de los animales».

La ONG aseguró que «se negociación de unos de los peores casos de maltrato animal revelados hasta la vencimiento en España», según publican hoy varios medios de comunicación de tirada doméstico. En las imágenes y vídeos que Observatorio de Bienestar Animal tiene de la que asegura en esta rancho de Quintanilla del Coco aparecen cerdos en descomposición, malformaciones, gusanos y ratas.

Por su parte, la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (INTERPORC), que representa a todos los agentes de la esclavitud de valía del sector, rechazó hoy las «inadmisibles prácticas ilegales» recogidas en el vídeo de la rancho de Quintanilla del Coco (Burgos).

Expresaron la «más rotunda condena de los hechos» y reiteraron «el firme compromiso del sector porcino con las buenas prácticas ganaderas, con la seguridad alimentaria y con el respeto al bienestar animal, por encima de cualquier otro interés».

Por otra parte, pidieron la puesta en marcha «inmediata» de todas las medidas administrativas, legales y jurídicas necesarias contra los responsables de estas malas prácticas que vulneran la ley y atentan contra la ética y deontología del sector cabrero gachupin.

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