Esta anulación se apoyo en la desatiendo de uno de los dos requisitos, el de ser una “jurista de obligado prestigio“, según lo estipulado en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado.
Valerio compareció el pasado 27 de noviembre frente a el Congreso para validar su proclamación, cuando argumentó que las críticas realizadas por el PP y Vox acerca de su “prestigio procesal” eran cuestionables.
“Hay algunos de ustedes que opinan que yo no soy una jurista de obligado prestigio, y yo lo respeto. Esto es opinable, todo en la vida es opinable y ya está. He pasado por todos los estamentos de la Suministro pública del país, desde lo municipal hasta el Gobierno de España”, matizó.
Vox se posicionó en contra y el PP se abstuvo en la votación de su designación, mientras que el resto de grupos parlamentarios dieron su sí.
La sentencia
“El tenor exacto del artículo sexto es cristalino: son dos las condiciones que debe reunir quien asuma la presidencia de este víscera. No hay excepción, ni matización, ni preferencia de la una sobre la otra. Y la razón de ser de ambas es distinta pero concurrente: afianzar que quien esté al frente del Consejo de Estado reúna la doble cualificación que quiere el parlamentario. Es asegurar, prestigio procesal y conocimiento hábil de los asuntos de Estado”, señala el texto.
El texto complementa que “su currículum vitae muestra una carrera funcionarial meritoria, pero de ella no se puede deducir la pública estima en la comunidad jurídica que implica el prestigio obligado. Desde luego, nadie consta en el expediente en este sentido y siquiera se halla en el procedimiento indicación alguna sobre la misma”.