Aumento de abortos
Según los pliegos publicados este martes en la plataforma de contratación de la Xunta, según avanza “Praza.gal”, la licitación se justifica por “el incremento y continuidad” de la prestación sanitaria y por la “Falta de recursos, tanto materiales como humanos suficientes” en el servicio de salud.
“La necesidad de impulsar esta nueva licitación se justifica en la exigencia de garantizar esta prestación de atención en salud de manera eficiente y dentro de los plazos que establece la normativa vigente, ante la imposibilidad de los servicios públicos de salud del Sergas de poder brindar dicha asistencia con los medios humanos, materiales y recursos de infraestructura con los que cuenta actualmente”, detalla inmediatamente el documento.
A esto se suma el Sergas, en las propias sábanas, que el Los médicos del sistema público “tendrán derecho a ejercer la objeción de conciencia”.
La vigencia del contrato tendrá una duración inicial de tres años por un valor estimado de 1.373.910 euros. Si a esto se le suman otros 915.940 euros para eventuales prórrogas -por otros dos años, hasta cinco– y posibles modificaciones por 274.782 euros, el total ascendería a 2.564.632 euros.
El área de salud de Ourense, en el segundo contrato
Asimismo, se divide en dos lotes con notable diferencia en cuanto a cantidades. El primero cubre las áreas sanitarias de A Coruña-Cee, Ferrol, Santiago-Barbanza y Lugo-A Mariña-Monforte, que en cinco años superaría los 1,16 millones de euros. El segundo, para las zonas de Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras, Vigo y Pontevedra-O Salnés, tendría un valor de poco más de 210.000 euros.
El contrato cubre la consulta médica de las mujeres derivadas del Sergas, los análisis correspondientes, las pruebas ecográficas, la práctica de interrupción del embarazo, la recuperación y el seguimiento, con las consultas ginecológicas que sean necesarias. Además, el pliego recoge tarifas en función de si se trata de un aborto farmacológico (350 euros) o con medios instrumentales (570).
Hasta ahora, el Sergas realizaba las derivaciones a clínicas privadas de forma “excepcional” -es decir, en el momento oportuno- y en función de la “urgencia vital”.
En la línea del pliego, fuentes del Ministerio de Sanidad consultadas por Europa Press justifican esta licitación para “garantizar esta prestación de asistencia sanitaria de forma eficiente y en los plazos establecidos”, sin retrasos respecto a los tiempos marcados por la ley.
Además, Sanidade explica que no se trata de algo “nuevo”, sino que se trata de adaptar lo que “ya” se estaba haciendo a un nuevo modelo de contratación.
El Sergas estima que esta licitación cubrirá 805 abortos por año, de los cuales la gran mayoría (801) serán con el uso de instrumentos y otros cuatro, mediante métodos farmacológicos.
Según un informe remitido a principios de año por la Xunta al Parlamento de Galicia, a petición del PSdeG, entre los años 2020 y 2022 se realizaron en Galicia un total de 10.515 abortos –una media de 3.500 al año– -. Del total, el 64,32% fue en el Sergas y el 35,68% en clínicas privadas autorizadas.
Eso sí, las cifras varían dependiendo de las áreas sanitarias. Y es que, de las interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en 2022, en el área de Vigo el 100% fueron en sanidad pública, porcentaje que en A Coruña descendió hasta el 36,47%.
Según el mismo informe, en la zona de Ferrol fueron el 50,59%, en Lugo el 59,10%, en Pontevedra el 77,81%, en Ourense el 88,65% y en Santiago el 90,86%. .