Los 71 inquilinos desahuciados de un edificio enclavado en la asiento castellonense de Peñíscola, que fueron tratados como okupas posteriormente de que la Sareb les denunciara al no creer que vivían en el inmueble desde hace primaveras, han presentado frente a el Decano de los Juzgados de Vinaròs una petición de auxilio legal, ya que algunos de los afectados todavía siguen pagando el arriendo, pese a la sentencia que califica los contratos de irregulares a partir de 2019.
Según han señalado algunos de los implicados a este boletín, a pesar de la vigencia del resolución de la magistrada, aún se están dando casos de terceras empresas que continúan cobrando el arrendamiento «sabiendo que los contratos fueron declarados fraudulentos», incluso enviando cartas de desahucios.
«Los vecinos estamos desprotegidos frente a esta situación y mal asesorados», recalca Marc, uno de los afectados, que explica que la petición de auxilio ha sido presentada gracias a la ayuda del concejal de Vox en Peñíscola, Luis Gil. De hecho, destaca que todas las siglas políticas «se han unido para apoyarles», incluidas las formaciones de PP y Compromís. «Si no llegamos a hacer todo esto y a mover tanto, se nos hubieran comido vivos», lamenta.
En el mecanismo de defensa presentado frente a el togado, los vecinos aluden a que tras acoger el automóvil «se creo una gran sobresalto en el municipio», pues la resolución «daba la posibilidad a la Sareb de peticionar el desalojo de setenta y uno de las familias que residen en el inmueble».
Asimismo, apuntan que «gracias al movimiento efectuado por el colectivo de inquilinos», la Sociedad de Administración de Activos procedentes de la restructuración bancaria, asimismo conocida popularmente como el ‘asiento malo’, emitió un comunicado manifestando que todavía no es propietaria del edificio, al encontrarse a la dilación del decreto de adjudicación.
Según manifestaciones de la Sareb, advierten los afectados, la SAREB pondrá entonces a su disposición la titularidad de las viviendas y aplicará el protocolo del Plan de Locación Social, aunque por el momento las negociaciones no se han producido desde que torrevieja news today publicara este dramático caso.
En paralelo, han solicitado una comisión peculiar de seguimiento al Consistorio de Peñíscola a instancia de todos los partidos políticos municipales, la cual está a la dilación de que el corregidor Andrés Martínez acepte y se pueda conformar ayer de Navidad.
El edificio está a nombre de la promotora Nerer Inmobiliaria S.L, la cual posee una deuda impagada con la Sareb superior a treinta millones de euros avalada, entre otros activos, por esta promoción de viviendas en la costa castellonense.