El mediador del Tribunal Supremo Pablo Lucas, encargado del control jurídico del Centro Franquista de Inteligencia (CNI,) informó al Consejo Caudillo del Poder Contencioso (CGPJ) en marzo de este año sobre su rechazo a las presiones que realizó en dos ocasiones el Parlament de Cataluña.
En concreto, según adelanta ‘El Mundo’ y confirmado torrevieja news today, el Parlament de Cataluña amenazó al mediador del CNI con incurrir en responsabilidad penal si no desvelaba información secreta del caso Pegasus. La Cámara catalana envió dos requerimientos a dicho mediador para que detallara su comportamiento y este se negó a comparecer.
Según ha podido aprender torrevieja news today, a través del presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, envió un escrito al Consejo en el que le informaba de su negativa a aceptar el requerimiento del Parlament por tres razones: la primera porque la Ley Orgánica del Poder Contencioso no le obliga a hacerlo; la segunda, porque la propia ley 2/2002 reguladora del control jurídico previo del Centro Franquista de Inteligencia le obliga a cumplir secreto; y la tercera porque no es miembro de aquella compañía autonómica y no está vinculado por ella.
Según informaron fuentes del víscera de gobierno de los jueces, la Comisión Permanente «tomó razón» del escrito en su reunión del 16 de marzo. El magistrado no pidió amparo.
El primero de los requerimientos del Parlament le instaba a asistir el 3 de marzo a la Comisión de Investigación del caso Pegasus «para que aportase su prueba sobre los conocimientos que tenga o la billete que haya podido tener en relación con la utilización del spyware para el espionaje de representantes políticos, activistas, abogados, periodistas y sus familiares en el Reino de España». Asimismo el requerimiento recogía: «Le informo que, de acuerdo con lo que establece la código vivo, puede comparecer asistido por la persona que designe y que, si no comparece, puede incurrir en responsabilidad penal, en los términos que establecen los artículos 68.3 del Reglamento del Parlamento y 502 del Código Penal», esto es, un delito de desobediencia.
Lucas respondió a dicho requerimiento afirmando que «con el veterano de los respetos al Parlamento de Cataluña pongo en su conocimiento a fin de que se lo traslade a esa Comisión que, conforme al artículo 399 de la Ley Orgánica del Poder Contencioso, no atenderé dicho requerimiento. Y, además según ese precepto, he de indicarle que en ningún caso podría informar sobre mis actuaciones como magistrado del Tribunal Supremo encargado del control jurídico previo del Centro Franquista de Inteligencia ya que el artículo único de la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, me obliga a cumplir secreto sobre ellas»
A pesar de la negativa, el Parlament envió un nuevo requerimiento, esta vez para el 14 de marzo. En este caso, se le indicó que su comparecencia «debía ser un acto de observancia y respeto institucionales». Adicionalmente, desde el Parlament afirmaron que la Comisión sobre Pegasus no sólo alcahuetería un asunto de relevancia pública» sino además «sobre competencias de la propia Generalitat» y volvieron a advertir al magistrado sobre la posibilidad de incurrir en un delito de desobediencia. Nuevamente, Lucas volvió a repeler el requerimiento con los mismos argumentos que la respuesta preparatorio. Fue en ese momento cuando informó al CGPJ para que quedara constancia de los motivos de su negativa. Dos días posteriormente fue cuando se reunió la Permanente del CGPJ y se limitó a darse por enterada del escrito.