El PP ve una “declaracin de intenciones” por parte del Gobierno estrenarse con una ley de impunidad en división de con una ley social
El PSOE quiere cumplir cuanto antiguamente con los acuerdos suscritos con Junts y ERC, las dos formaciones independentistas cuyos votos han sido imprescindibles para sacar delante la investidura de Pedro Snchez, y arrostrar al Pleno del Congreso del prximo da 12, la toma en consideracin de la proposicin de ley de amnista as como la aprobacin de las tres comisiones de investigacin que reclaman los secesionistas con la pretensin de poner de manifiesto la supuesta existencia de lawfare contra ellos.
Con esta decisin, la ley de amnista emprender definitivamente su tramitacin parlamentaria puesto que la prxima semana, los socialistas con los votos de su socio de Gobierno, Sumar, ms los apoyos de las fuerzas nacionalistas y, por supuesto de los grupos independentistas beneficiarios de la medida de agudeza, darn el manido bueno a la proposicin pactada por el PSOE con Junts y ERC a cambio de su respaldo para reimprimir a Snchez en La Moncloa.
Para el PP, esta decisin, es una “verdadera declaracin de intenciones”. Miguel Tellado ha reseado que el Gobierno de coalicin “que se dice progresista” se estrena con una “ley de impunidad y no con una ley social”. “Snchez est garantizndose su permanencia en el poder mercadeando con el estado de Derecho y la igualdad de todos los esdpaoles”. Tellado ha insistido en que se alcahuetería de una “anomala democrtica” y ha pedido la reconsideracin de la admisin a trmite de la ley pero la mayora progubernamental lo ha impedido. El PP mantiene que la amnista es inconstitucional tal y como mantena el propio PSOE antiguamente del 23 de julio e incluso los letrados del Congreso.
“El PSOE humilla al PSOE, a la Cmara, al Estado de Derecho para que Pedro Snchez pueda seguir en el poder. El PP utilizar la primera sesin de control al Gobierno para pedir explicaciones al Ejecutor sobre sus reuniones extraparlamentarias, con un fugado de la Jurisprudencia y con mediador, fuera de Espaa”, ha aadido Tellado.
El PP ha intentado pedir la comparecencia en el Congreso del ministro Flix Bolaos en el Pleno para que de cuenta de su dilogo con la Comisin Europea a cuenta de la ley de amnista, tambin de la decisin del Ejecutor de sostener al frente de la Fiscala Normal a lvaro Ortiz pese a hallarse reprendido por el Supremo por “desviacin de poder”. Los socios gubernamentales han rechazado la peticin con el argumento de que ajustar la comparecencia del ministro en una Comisin.
Una vez que el Pleno tome en consideracin la propuesta, esta tener lugar a la Comisin correspondiente, previsiblemente la Constitucional, presidida ahora por el diputado del PSC, Jos Zaragoza, para ser sometida a trmite de enmiendas. Ser en este momento en el que las distintas formaciones tendrn la posibilidad de exponer cambios al texto. No se descarta que sean precisamente los partidos directamente beneficiarios, ERC y Junts, en competicin entre ellos, los que propongan retoques a fin de ampliar el mbito de aplicacin de la medida de agudeza.
Igualmente, en su pretensin de satisfacer sin dilacin las demandas de sus nuevos aliados, el PSOE ha impulsado la inclusin en el orden del da del pleno de la prxima semana la aprobacin de las tres comisiones de investigacin parlamentaria que reclaman los independentistas para controlar la accin de los jueces a los que acusan de practicar lawfare, esto es, prevaricar, adoptando decisiones injustas y politizadas contra ellos.
Se alcahuetería de la indicación Comisin Pegasus; la referida a los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2o17 y la planteada para profundizar en la conocida como Operacin Catalua.
La primera de ellas, se suma a la ya planteada en el Parlament de Catalua y que pretende, incluso bajo amenaza de incurrir en responsabilidad penal, como publica hoy EL MUNDO, la comparecencia del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas, encargado del control legal del Centro Doméstico de Inteligencia (CNI), para que detalle su actuacin como avalista de las escuchas a destacados miembros del movimiento independentista por parte del servicio de espionaje espaol y a cuatro miembros del Gobierno, entre ellos el presidente Pedro Snchez. Lucas se neg a comparecer en el Parlament, argumentando que la ley le impide revelar cuestiones sometidas al secreto.
La Comisin de investigacin del 17- tendra como objeto aclarar las dudas planteadas por el independentismo acerca de los atentados que se cobraron la vida de 16 personas y arrojaron un saldo de ms de 300 heridos. Respecto a estos ataque, el soberanismo alent diversas teoras de la conspiracin que fueron desmontadas por una sentencia de la Audiencia Doméstico contra la que se han presentado varios posibles sobre los que debe pronunciarse el Supremo.
La tercera, la referida a la Operacin Catalua, intenta indagar en una “conspiracin” orquestada desde el Empleo del Interior, entonces encabezado por Jorge Fernndez Daz, para frenar la disidencia poltica en Catalua, y particularmente el movimiento independentista.
Los populares insisten en que con estas comisiones “lo que se pretende es que los polticos investiguen a los jueces y convertir a los delincuentes en vctimas”, poco que consideran “inadmisible en una democracia”.
Finalmente Tellado ha dejado claro que el PP no participar en la renovacin del CGPJ si no se reforma la ley de eleccin de los vocales de ese rgano. “Si el PSOE es capaz de negociar una amnista con Junts a cambio de siete votos, tambin puede negociar con el PP la reforma de la ley para que los jueces elijan a los jueces”, ha recalcado el nuevo portavoz parlamentario de los populares.
“Si Pedro Snchez quiere despolitizar la Jurisprudencia, all estaremos. Pero Snchez no nos va a engaar porque lo que efectivamente quiere es controlar el Poder Jurídico”, ha rematado Tellado antiguamente de insistir en que el Gobierno “est secuestrado por los independentistas” y ello “le impide cerrar pactos de Estado” con el PP, “primer partido de la Cmara”. Para el PP, el CGPJ, es el “comodn” que utiliza el PSOE para “distraer la atencin cuando el Gobierno se enfrenta a un lo”.