El Consejo de Dependencia de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha permitido los pliegos del concurso sabido para licitar la explotación de los más de 800 amarres repartidos en tres dársenas de la Acuarela de la ciudad. Un asunto encajado en el tiempo que impedía disolver la «maraña» del Consorcio Valencia 2007, el engendro sabido que gestiona directamente los acervo que el puerto cedió a la ciudad para la celebración de la Copa América.
El entraña, creado entonces por el Cabildo, la Generalitat y el Estado, debe estar liquidado el 31 de diciembre tras condonarse su deuda de 400 millones de euros. Una sentencia legal por competencia desleal -se ofrecían precios inasumibles para empresas privadas- obligó a dar luz verde a lo que será una concesión administrativa para su trámite durante 35 primaveras, prorrogables a 50.
Los pliegos -consultados por torrevieja news today- incorporan una cláusula que obliga al futuro concesionario a colaborar activamente y a ceder la superficie necesaria en mar y tierra para una hipotética nueva publicación de la Copa América. Precisamente, la intención del Cabildo es que las regatas regresen a la renta del Turia en 2027 tras ocurrir por Barcelona.
Adicionalmente, en esta superficie total de 235.097 metros cuadrados, que incluye la zona para construir edificios auxiliares y un fondeadero, asimismo se podrán realizar actividades complementarias comerciales o de restauración.
Imagen de la presidenta de la APV, Mar Chao, y de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, este martes en rueda de prensa
La presidenta de la Autoridad Portuaria, Mar Chao, ha señalado este martes que el concurso es la «vía más rápida y eficaz» para cumplir los plazos, en la trayecto de lo que han hecho otros puertos de remisión internacional, como el de la ciudad condal. «No se privatiza ausencia, sigue siendo dominio sabido portuario», ha aseverado, aunque las instalaciones náutico-deportivas estarán ahora en manos de una compañía. Chao ha resguardado que «no se ha buscado maximizar los ingresos, sino que se han primado los beneficios para Valencia», poniendo los aspectos cualitativos por encima de los cuantitativos en los criterios de valoración de las ofertas.
Adicionalmente, se van a sostener, hasta que venzan, todos las títulos que el Consorcio había otorgado a empresas en este espacio. «Damos tranquilidad a los concesionarios actuales para que se mantengan con los mismos derechos», ha asegurado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.
En otro plano quedan aquellos acervo demaniales y patrimoniales que no se destinan a usos náuticos -y por consiguiente fuera del pliego- para los que se creará una comisión doble entre el Puerto y el Cabildo. Con ella se escudriñamiento dar salida a proyectos que quieran instalarse en esta zona y que «no haya un solo pero para que un inversor siga o aterrice en la Acuarela para ocasionar oportunidades». Se manejo de edificios como la pulvínulo del Alinghi, los Docks o los Tinglados, que ya han estado en el centro de la polémica en anteriores ocasiones por las trabas burocráticas que presenta su explotación.
Una vez esté todo resuelto se pondrá en marcha el futuro engendro -en su día se habló de una empresa mixta o una fundación- responsable de este espacio secreto para la ciudad, en el que sí que estará la Generalitat, cuya décimo «no es necesaria», ha explicado Catalá, en todos los trámites que quedan por cerrarse hasta entonces.
La ampliación costará 117 millones más
En el cruce con los medios de este martes, Mar Chao ha innovador que, por cambios en la política de comunicación, no habrá más ruedas de prensa -como viene siendo habitual- tras las reuniones del Consejo de Dependencia de la APV, exceptuado temas puntuales que se quieran tratar en profundidad. En ese sentido, ha rechazado contestar a cualquier cuestión relativa a la ampliación del puerto y ha remitido a la información que se facilita a los periodistas en una nota posterior.
No obstante, ha indicado que el inicio de las obras de la nueva terminal ideal es su «objetivo número uno» y ha enmarcado adentro de la normalidad el aumento de los precios -avanzado por algunos medios- del esquema de construcción del apeadero de contenedores. Poco que «no influye en ausencia» en el esquema que sigue sobre la mesa del Consejo de Ministros, irresoluto de aprobación. Su coste se elevará de los 542.694.000 a los 660.388.000 euros, aproximadamente de 117 millones más.
En un comunicado, la APV ha escrito que ha transcurrido un año desde que se aprobó la primera monograma y casi dos desde que se realizó el cálculo de costes original, utilizando precios unitarios de materiales, maquinaria y mano de obra de 2020 y sin tener en cuenta su «tendencia alcista, continua y persistente».