El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha enviado un primer aviso a la ministra de Lozanía e Infancia, Sira Rego, perteneciente a la cuota de Sumar en la coalición que preside Pedro Sánchez, y vieja conocida de la política madrileña. La Comunidad de Madrid ha pedido la anulación del servicio estatal de captación de familias acogedoras de menores tutelados, y en esa ringlera el Consejo de Gobierno ha enviado un requerimiento por invasión de competencias como paso previo a la presentación de un expediente delante el Tribunal Constitucional.
Así, el Consejo de Gobierno, que este martes ha presidido Isabel Díaz Ayuso, ha juicioso el giro de un requerimiento al Gobierno central para que anule por invasión de competencias un convenio permitido el Servicio de Derechos Sociales y Memorándum 2030, que pretende desarrollar el nuevo Servicio de Lozanía e Infancia, para crear un servicio estatal de captación y formación de familias acogedoras de menores tutelados, según ha informado la Comunidad de Madrid.
Esta audacia del Ejecutante autonómico es el paso previo a la presentación de un expediente delante el Tribunal Constitucional.
La Leyes Común de la Comunidad de Madrid ha señalado en un referencia sobre este asunto que el convenio denominado Servicio de cooperación técnica para el diseño de un servicio estable de captación, sensibilización, fidelización y formación de familias interesadas en el acogimiento de niños, niñas y adolescentes cuya tutela la tienen las Administraciones Públicas vulnera la competencia monopolio autonómica en materia de protección y tutela de los menores.
En concreta, ésta está prevista en el artículo 26.1.24 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 93 de Ley 4/2023 de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid.
«Las atribuciones que se arroga el Gobierno central a través del software que quiere poner en marcha el Servicio de Lozanía e Infancia no son materia de gobierno estatal», advierte la Comunidad. «En consecuencia, la formalización de ese convenio constituye una intromisión, e incluso interferencia en las competencias autonómicas autónomo, indeseada y perturbadora del buen funcionamiento institucional», según ha precisado la Leyes Común.
Rego, que está afiliada al Partido Comunista de España (PCE), fue candidata de Izquierda Unida en las elecciones municipales de 2007 en Rivas-Vaciamadrid, feudo histórico de ese partido en la Comunidad de Madrid. Ahí fue elegida concejal, puesto que ocupó hasta 2019, y ocupó el puesto de primer teniente de corregidor entre 2015 y 2019, con Pedro del Cura como corregidor.