El nuevo modelo de residencias para mayores en Castilla y León obligará a estos centros a aprobar un evaluación anual de calidad en el que se medirán no sólo aspectos técnicos y organizativos de las instalaciones, sino también la satisfacción de los usuarios. entonces él lo recoge el proyecto de ley que regula el nuevo sistema de funcionamiento de residencias de ancianos y centros de personas con discapacidad en la Comunidad que anunció ayer tras la reunión del Consejo Rector la Ministra de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanca. Aún está por determinar cómo se realizará este tipo de exámenes a las residencias, explicó, y será en el desarrollo normativo posterior donde se materializará, pero lo que sí está claro es que se utilizarán herramientas tecnológicas y programas informáticos. para facilitar el seguimiento, por ejemplo, de aspectos documentales como la contratación de seguros obligatorios.
“Se trata de hacer una evaluación amplia”, insistió la consejera, en la que también se analizará la percepción que tienen los familiares sobre el cuidado que se presta a sus mayores o a personas con discapacidad. “Es la primera ley en España que pretende blindar la calidad en los centros y la prestación de servicios”detallado al respecto.
Además, la nueva legislación sobre residencias amplía el modelo que ya se estaba implantando en la región de unidades de convivencia. Es decir, la instalación en los propios centros de unos módulos en los que convivan los usuarios con espacios comunes y un número concreto de habitaciones para entre doce y dieciséis residentes, según sean dobles o individuales, “aunque habrá un La tendencia es que todos sean para una sola persona.”
Todos ellos tendrán profesionales de referencia quienes serán los que habitualmente atenderán dicha unidad. “La idea es crear un ambiente lo más parecido a tu casa”, resumió. Ya existen algunos centros estructurados a través de estos espacios –unActualmente existen 200 unidades de convivencia en la región, principalmente en los centros propiedad de la Junta-, pero ahora será obligatorio para todos -públicos y privados- los nuevos que se construyan y los existentes tendrán un plazo de entre “seis o siete años” para adaptarse arquitectónicamente a el sistema. Aunque, habrá algunas “excepciones” que deberán acreditarse debidamente cuando las características del edificio no lo permitan, algo que ya ha ocurrido, por ejemplo, con las residencias de Zamora y Salamanca propiedad del Gobierno regional.
Para realizar los ajustes oportunos, esta legislación se “complementa” con el “apoyo” de 15 millones de euros que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ya anunció esta semana, que ayudarán a rediseñar los edificios en base a las unidades de convivencia, indicó Isabel Blanco.
Los trabajos para la elaboración de esta nueva ley comenzaron en 2020, año en el que la pandemia de Covid-19 puso todo patas arriba. Fue entonces cuando se pusieron en marcha los grupos de trabajo para mejorar centros cuya forma de trabajar cambió por completo con la llegada del virus y que vieron la necesidad de introducir cambios. Así, representantes del sector, profesionales, entidades locales, usuarios, organizaciones sindicales, empresarios, grupos parlamentarios y las consejerías afectadas -Familia y Sanidad, principalmente- se pusieron manos a la obra y fruto de diez reuniones se logró una serie de “consensos básicos”. ” que dio forma al texto.
Entre esas cuestiones estaba el derecho a “respetar” la libertad de las personas mayores y con discapacidad sobre cómo y dónde quieren vivir. Si quieren quedarse en casa o desplazarse a un centro, explicó la consejera. De ahí que una de las medidas que se pondrán en marcha es que los servicios que existen en las residencias, como lavandería o peluquería, también se abrirán para las personas mayores de la zona que sigan residiendo en sus casas.
El borrador también incluye “lecciones” derivadas del impacto de la pandemia, dicho. Establece, por ejemplo, que los centros deberán disponer de medios y material en caso de que se repita otra situación de las mismas características o de la existencia de una “persona de enlace” entre la residencia y el sistema sanitario, el intercambio de información entre ambas áreas o el impulso de la “teleconsulta” y la tecnología en el ámbito sanitario.
Sin embargo, el consejero señaló que la aplicación de protocolos y reglamentos se abordará en el desarrollo posterior de la leyaseguró. Tampoco se establece una ratio concreta de residentes por profesional sanitario o sociosanitario -aspecto muy debatido a raíz del Covid- porque esa es una cuestión que está “marcada” desde el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales junto con el Ministerio y el resto de autonomías. Lo que sí incluye la nueva normativa es la eliminación de las sujeciones físicas o químicas y el fomento de la formación de los profesionales que trabajan en centros de mayores y personas con discapacidad.