Con el postrer documentación PISA recién nacido del horno y que sitúa a Castilla y Valiente a la persona de las tres materias educativas que analiza (Matemáticas, Ciencias y Comprensión Lectora), por encima de una media española a la descenso y codeándose con países punteros, la Congregación llegará a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) prevista el próximo lunes con esta «superioridad» bajo el benefactor para exigir que se acabe con la «infrafinanciación» que sufre para costear los servicios públicos. Será una de sus armas para exigir unos fondos que «cubran» el coste de la prestación que en un departamento disperso, extenso y envejecido como éste es «más caro».
Y es que aunque la financiación autonómica no está en el orden oficial del día, ceñido a cuestiones «de trámite», lo que el Estado reparte entre las comunidades marcará el que será el primer encontronazo de la nueva reunión entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los consejeros del ramo. Pues, ha capaz este jueves el titular de Posesiones y Hacienda castellano y leonés, Carlos Fernández Carriedo, hay autonomías «con información privilegiada». «Queremos memorizar cuál es el impacto de esos acuerdos y esos pactos» con separatistas –en sugerencia a los catalanes Junts y ERC y el vasco PNV– y «exigir» que el reparto de fondos se haga en condiciones de «igualdad», ha incidido el asimismo portavoz de la Congregación como antelación al cara a cara.
Esos acuerdos enmarcados en la nueva investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno «pueden afectar» a la financiación autonómica y los medios disponibles, ha recalcado Carriedo, quien acudirá a Madrid con la intención de «conocer de primera mano» esos datos. Y con la premisa, ha reiterado, de que para la Congregación «el principal problema» es la «infrafinanciación» de los servicios públicos. «Queremos que se hable de eso», de «cómo se financian» la educación, los servicios sociales, la sanidad… «Esto es lo importante para nosotros, atracar la financiación, no solucionar los problemas de una comunidad o de unos partidos separatistas porque simplemente se han venido endeudando por encima de los demás», ha subrayado Carriedo. Y ahí ha diligente para defender que Castilla y Valiente parte con «una superioridad» para exigir más fondos, pues «viene demostrando que los medios que se ponen a disposición de la Comunidad se gestionan acertadamente, al servicio de la muchedumbre» y ser «capaces de tener un extraordinario» sistema gracias al «esfuerzo» y pese a la financiación «insuficiente».
Así que por parte de Castilla y Valiente, ha recalcado, carencia de «conformarse» con que la reforma del maniquí en este momento no toca y por ahora ‘tirar’ con la condonación de parte de la deuda que tiene con el Estado a través de su utensilio de financiación (FLA), siguiendo la reguero a lo concertado con los independentistas catalanes. «Nosotros no vamos allí a conformarnos con lo que le sobra a otros», sino a «exigir igualdad, que se nos trate como a los demás».
«Trato igual»
«No admitimos que haya pactos con algunos partidos políticos sin que se tengan en cuenta los criterios de igualdad y de solidaridad que están reconocidos en la Constitución Española», ha señalado el portavoz, quien ha recriminado que «se quiera opinar» que el «problema» de las comunidades es la deuda porque lo sea de una con la que Sánchez «tenga que pactar». En este sentido, ha afeado que «no sería regular» que en las reuniones con «todas» las autonomías «en España dispongamos de menos información» de la que se ofrece en las que «se celebran en Suiza –en sugerencia a los encuentros del PSOE con la formación del prófugo de Junts Carles Puigdemont–».
«No queremos tener más derechos que los demás, pero siquiera menos», ha recalcado Carriedo, quien ha señalado que desde la Congregación van a «defender los intereses» de los castellano y leoneses y que se «les trate igual que al resto de españoles porque somos ciudadanos de primera como todos los demás».