Penas de 33 primaveras de prisión, es la petición de la reproche popular, que integran varias organizaciones de víctimas, para ocho de los doce procesados por terrorismo en la operación Desleal, al integrar los Equipos de Respuesta Táctica (ERT) de los CDR. Son Eduardo Garzón, Jordi Ros, Alexis Codina, Germinal Tomás, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva y Rafael Delgado, a los que el escrito, al que ha tenido golpe torrevieja news today, atribuye delitos de pertenencia a ordenamiento terrorista; tenencia, depósito y fabricación de explosivos, así como estragos.
En cambio, para el resto de procesados reclama ocho primaveras de prisión, sólo por el primer ilícito. Son Ferran Jolis, Xavier Buigas, David Budría y Clara Borrero. Para todos los acusados sí solicita penas de inhabilitación absoluta, inhabilitación particular para profesión u oficio educativos -en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre- por un tiempo que supere en diez primaveras al de la duración de la pena de privación de voluntad impuesta.
El escrito, que el despacho Fuster Fabra ha registrado en presencia de el Auditoría de Instrucción 6 de la Audiencia Doméstico, recoge los indicios que recabó la Cuidado Civil y que constan en el sumario de la causa. Sostiene adicionalmente que fue el «caldo de cultivo del mal llamado ‘conflicto catalán’ el produjo la radicalización de personas de diferentes contextos que decidieron dar el paso cerca de acciones violentas».
«Así pues en junio de 2017, tal y como ha sido conocido por la opinión pública, se empiezan a formar grupos, originados por la iniciativa denominada ‘Escuelas Abiertas’. Estos grupos tenían como objetivo organizar logísticamente la consulta secesionista de octubre y se autodenominaban como los Comités de Defensa de la República (CDR)«. Encargados, tal y como certificó el Instituto Armado, de » capitalizar la lucha callejera«. Sostiene así el texto -de 70 páginas- que los CDR »constituyen una ordenamiento independentista de carácter criminal, entregado que persiguiendo su objetivo de la independencia de Cataluña organizaba acciones de naturaleza delictiva-terrorista en el región catalán«.
La reproche popular además sostiene que «mantenían una ordenamiento estable y permanente en el tiempo, configurada y sostenida por la conjunción de grupos e individuos con roles y funciones específicamente definidas, que se relacionan a través de una clase y coordinan entre sí, mostrando una mecanismo en la dirección y ejecución en sus acciones con el fin de cometer delitos».