Primer cara a cara de la nueva reunión a nivel doméstico de la ministra de Hacienda y ahora asimismo vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero, y las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Pero la reunión de este lunes todo apunta a que no será igual ni precisamente de cortesía. Y es que en las autonomías hay malestar por el «impacto» que los acuerdos bilaterales del PSOE de Pedro Sánchez para ser aupado de nuevo a la Presidencia del Gobierno con los independentistas -los catalanes de Junts y ERC y los vascos del PNV- puedan tener en lo que las regiones reciben del Estado.
Aunque encarar la demanda reforma del maniquí de Financiación Autonómica no está en un orden del día «de trámite» y la consejera de Cataluña ya ha anunciado que no acudirá al Tarea, todo apunta a que se colará al menos en el turno final de ruegos y preguntas. Al menos ésa es la intención con la que el guía de Finanzas y Hacienda de la Grupo de Castilla y Audaz, Carlos Fernández Carriedo, viaja a Madrid. Ya ha dejado claro que para la Comunidad la esencia es que se acabe con la «infrafinanciación» que sufre para «cubrir» el coste de la prestación de los servicios públicos.
Que se «hable» precisamente de cómo sufragar lo que vale la sanidad, educación, servicios sociales… es lo que examen la Grupo de Castilla y Audaz, para la que «lo importante» es «encarar la financiación, no solucionar los problemas de una comunidad o de unos partidos separatistas porque simplemente se han venido endeudando por encima de los demás». En la Comunidad, el problema »no« es la deuda, recalcó.
Entender el «impacto»
Así que cero de «conformarse» con diferir la reforma del maniquí y ceñirse a la condonación de parte de la deuda que tiene con el Estado a través de su aparato de financiación (FLA), siguiendo la castro de lo juicioso con los independentistas catalanes. «Nosotros no vamos allí a conformarnos con lo que le sobra a otros», sino a «exigir igualdad, que se nos trate como a los demás», subrayó el jueves en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno el asimismo portavoz.
Incómodo, encima, al ser consciente de que hay autonomías «con información privilegiada». «Queremos memorizar cuál es el impacto de esos acuerdos y esos pactos» con separatistas y «exigir» que el reparto de fondos se haga en condiciones de «igualdad», incidió, pues considera que «pueden afectar» a lo que se reparte al resto de autonomías.
Carriedo llegará encima a Madrid con un argumento bajo el apoyo para «exigir» más fondos: la «superioridad» de que Castilla y Audaz «viene demostrando que los bienes que se ponen a disposición de la Comunidad se gestionan admisiblemente, al servicio de la concurrencia» y ser «capaces de tener un extraordinario» sistema gracias al «esfuerzo» y pese a la financiación «insuficiente». En la memoria nuevo, el extremo documentación educativo PISA, que sitúa a Comunidad muy por encima de una media doméstico a la depreciación y codeándose con los países punteros.
«No queremos tener más derechos que los demás, pero siquiera menos», recalcó ya Carriedo,