La reanudación de los plenos del Congreso de los Diputados llevará este martes la ampliación septentrión del Puerto de Valencia al debate parlamentario. La Cámara votará una proposición no de ley (PNL) presentada por el PP en la que se insta al Gobierno a apoyar esta infraestructura «como aspecto importante para la pertenencias y competitividad de la ciudad, de la Comunitat Valenciana y de España».
En ese sentido, reclama al Consejo de Ministros que autorice «de forma urgente» la subasta de las obras del estación de contenedores, pues hace casi un año que el tesina está en un cajón. La delegada del Ejecutante central en la región apuntó, a finales de noviembre, que se aprobaría «en breve». La semana pasada la Autoridad Portuaria de Valencia acordó elevar el coste sabido de la iniciativa -de 543 a 660 millones de euros- por la ascensión de precios que se viene produciendo desde que se calculó ese cuantía.
Una signo que se añadirá a los 1.021 millones que aportará el comunidad MSC, encargado de construir y explotar «la terminal de contenedores más sostenible y moderna del mundo, modélica con el medioambiente, donde el origen de la electricidad será 100% de fuentes renovables, que permitirá el suministro eléctrico a los barcos en puerto y contará con una clara reto por el ferrocarril».
Así se expone en el texto suscrito por los trece diputados valencianos del PP -entre ellos, Esteban González Pons– y remitido por la portavoz de su comunidad parlamentario, Cuca Gamarra, a la Mesa del Congreso. El escrito destaca que los firmantes no pueden permitir que este tesina «se paralice por cuestiones políticas» por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y «con la clara intención de embellecer otros puertos, impidiendo con ello una competencia en igualdad», en relato a la negociación con los independentistas catalanes para su investidura.
Los populares argumentan -citando a la patronal y a un catedrático- que «el puerto de Valencia debe permanecer su posición de liderazgo y no debe perder posiciones estratégicas frente a otros puertos, que siguen llevando a límite sus ampliaciones», como el de Barcelona.
«El hecho de que una comunidad claramente exportadora como la nuestra esté desviando parte de sus productos agroalimentarios a puertos de regiones vecinas, por otra parte de indicar la indigencia de la ampliación, supone soportar un coste crematístico y ambiental innecesario para nuestros agricultores e industriales», agregan.
Encima, aseveran, «creará en el proceso constructivo 15.000 puestos de trabajo, y 5.000 empleos permanentes, con un impacto, con la terminal operando, de más de 44.000 puestos de trabajo, y permitirá ampliar la capacidad del perímetro en cinco millones» de contenedores.
El rechazo de Sumar
La manifiesto de impacto ambiental dispuesto de 2007 es el principal argumento en contra de algunos partidos en torno a la puesta en marcha de esta infraestructura. Pese a que el Gobierno determinó que esa manifiesto seguía actual en 2021, Compromís presentó una PNL -apoyada por ERC, Mas Madrid y la CUP- en la que pedían que se desistiera del tesina presente y se desmantelara cualquier concierto llevada a límite.
Sumar seguirá ahora la misma término y votará en contra de la proposición del PP, que contará previsiblemente con el voto dispuesto de Vox. Es, precisamente, uno de los caballos de batalla de Compromís en la plazo que acaba de echar a recorrer, aunque no se incluyó en el acuerdo de los de Yolanda Díaz con el PSOE.
El interrogante está en qué hará esta última formación en presencia de un asunto en el que siempre ha planteado sus propias condiciones. Ya lo hizo en las Cortes Valencianas o en el Junta de la caudal del Turia en presencia de iniciativas similares de la derecha. Los socialistas han insistido, en reiteradas ocasiones, en que están a valía de la ampliación del Puerto de Valencia. Sin retención, se abstuvieron en la votación o presentaron su propia moción alternativa en presencia de lo que consideraban que era una logística del PP para cargar y desgastar al Ejecutante central.