En la fría mañana del 19 de diciembre de 2013, los agentes de la Dispositivo Central Operativa (UCO) de la Guardián Civil irrumpieron en la sede de UGT Andalucía, en la céntrica calle Antonio Divertido de Sevilla, en rastreo de pruebas de la presunta trama orquestada por el sindicato para saquear subvenciones de la Comité de Andalucía. Los fondos públicos desviados estaban destinados, fundamentalmente, a los cursos para parados.
Cuando se va a cumplir una división de aquel registro colocado por la jueza Mercedes Alaya, la Audiencia de Sevilla va a enjuiciar a partir de este jueves, 14 de diciembre, a los responsables de la supuesta trama de UGT-A, un escándalo que se llevó por delante al secretario común del sindicato en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, que se vio forzado a dimitir en noviembre de 2013. En el banquillo se sentarán 15 acusados, entre los que está Fernández Sevilla. A continuación de detallan las claves de este caso de presunta corrupción.
¿Qué papel jugaron las revelaciones periodísticas?
Cinco meses antiguamente del íntegro registro colocado por la jueza Alaya, EL MUNDO había empezado a propagar exclusivas sobre este asunto, aportando facturas, correos electrónicos, fotografías y documentos contables. El 30 de julio de 2013, este diario publicó la primera información con este titular: “UGT-A se gastó en publicidad de la huelga común una ayuda para formar a parados”.
No fue la única. El 25 de agosto de 2013, el escándalo fue creciendo, al revelar este diario cómo en los peores abriles de la crisis económica (entre 2008 a 2011), UGT Andalucía pagó, con cargo a subvenciones de la Consejería andaluza de Empleo, las cenas con mostrador vacuo a las que invitaba a sus empleados en vísperas de la Feria de Abril de Sevilla. Una disposición desvelaba que los 12.716 euros gastados en la Feria se colaron como “reuniones sobre la negociación colectiva”.
Luego, el 1 de octubre de 2013, este diario publicó otra monopolio: “El manual de contabilidad de UGT incluye ‘mandato de botes‘”, una información esencia que desmontaba la coartada de los dirigentes del sindicato, quienes trataron, sin éxito, de circunscribir el escándalo a casos puntuales o errores aislados. El supuesto saqueo se hacía por sistema y estaba instaurado, incluso, en el manual de contabilidad del sindicato, que recogía una de las modalidades para apropiarse de los fondos públicos: el pirueta.
Al pirueta de UGT-A llegaba el caudal de las facturas infladas que el sindicato pactaba con sus proveedores de confianza y que luego presentaba frente a la Comité para testimoniar las subvenciones. El sindicato podía fertilizar, por ejemplo, 1.000 euros por unas pancartas, pero al proveedor le pedía que hiciera una disposición por precio de 1.100 euros, que era la que utilizaba frente a la Comité para testimoniar la ayuda. Los 100 euros de diferencia iban al pirueta del que luego el sindicato hacía uso para financiar sus actividades.
El 26 de noviembre de 2013, este diario destapó uno de los símbolos del escándalo: “UGT le cargó a la Comité 700 maletines falsificados en Asia”. El secretario de Empresa del sindicato compró en España un maniquí de maletín de la marca Salvador Bachiller y encargó a uno de sus proveedores que le hiciera copias “en Oriente”. Fueron el regalo que se entregó a los asistentes al IX Congreso regional celebrado en septiembre de 2009 en Sevilla, en el que Manuel Pastrana salió reelegido como secretario común andaluz. Los maletines se facturaron frente a la Comité por 81.000 euros como “publicidad” para planes formativos para parados.
En agosto de 2013 y frente a las informaciones de este diario, la Fiscalía Superior de Andalucía ordenó a la Policía que investigara las revelaciones periodísticas sobre el desvío de subvenciones destinadas a la formación de parados para gastos derivados de la huelga común de septiembre de 2010. De forma paralela, el sindicato Manos Limpias llevó a los tribunales diversas noticiero publicadas por este diario y otros medios de comunicación.
¿Cómo fue la instrucción procesal?
La instrucción procesal del caso UGT-A ha sido de lo más accidentada. Cuando estalló el escándalo, en verano de 2013, Manos Limpias interpuso infinidad de denuncias con las informaciones que se publicaron. Cada una se derivó a un auditoría diferente. Por su parte, la jueza Alaya, a raíz de los ERE costeados por la Comité de Andalucía de forma ilegal, además investigaba la financiación irregular de los sindicatos mayoritarios. En el situación de estas pesquisas, Alaya ordenó el registro de la sede regional de UGT en rastreo de pruebas del saqueo de fondos públicos.
Sin bloqueo, en marzo de 2014, la Audiencia de Sevilla ordenó que la causa sobre UGT-A que estaba liderando Alaya debía trasladarse al Judicatura de Instrucción 9 de Sevilla, cuyo titular Juan Jesús García Vélez, fue el primero que comenzó a investigar los desmanes del sindicato con las subvenciones de la Comité. A este auditoría llegó la primera denuncia contra los responsables de la UGT-A por el desvío de subvenciones de la formación para fertilizar pancartas y publicidad para la huelga común de 2010. La primera denuncia se friso en la primera información publicada por EL MUNDO el 30 de julio de 2013.
Iniciada ya la investigación en el Judicatura de Instrucción 9, el caso sufrió varios parones, algunos de más de dos abriles por las incidencias a la hora de elaborar la pericial que debía aclarar a cuánto ascendía el caudal presuntamente desviado por el sindicato. El sentenciador encargó la pericial el 21 de mayo de 2015, pero tres abriles a posteriori, no estaba concluida.
El experimentado designado, que era un funcionario de la Intervención de la Comité, contó que no había tenido dedicación monopolio para hacer la pericial y siquiera había tenido ayuda de otro «perito auditor» que «desde el primer momento se consideró necesario», como publicó este diario. Hasta tres expertos renunciaron a auxiliarle. Las trabas al perito están en consonancia con otras desplegadas por el entonces gobierno andaluz, presidido por Susana Díaz, en otras causas judiciales sobre corrupción que en aquellos momentos cercaban a los anteriores gobiernos socialistas, como la de los ERE.
¿Qué penas pide la Fiscalía?
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 26 abriles de gayola y 200 millones de multa para la ex cúpula de UGT Andalucía por desviar 40,7 millones de euros en subvenciones de la Comité para financiarse de forma irregular a través de una supuesta trama de facturas falsas y alquileres ficticios de aulas donde se impartían cursos de formación entre los abriles 2009 a 2013.
El escrito de la Fiscalía se dirige contra 15 acusados: cinco pertenecientes a UGT-A y a su empresa instrumental Soralpe y diez proveedores de confianza del sindicato que confeccionaban facturas ficticias. Los acusa de delitos continuados de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil.
Fernández Sevilla, el ex secretario común de UGT-A que se vio forzado a dimitir por el escándalo, se enfrenta a una petición de condena por parte del fiscal de 7 abriles de gayola. Idéntica pena de 7 abriles ha adeudado para Federico Fresneda, tesorero del sindicato durante 15 abriles entre 1998 y 2013; otros 7 abriles de prisión para María Charpín, secretaria de mandato económica durante la etapa investigada y ex vocal de la comisión de garantías de UGT Confederal; y 5 abriles de gayola para Lola Sánchez Montaño, responsable del unidad de compras. En total, los 26 abriles.
A estos cuatro ex responsables de la central sindical, se suma el investigado Enrique Goicoechea Salazar, administrador y consiliario delegado de la empresa del sindicato Soralpe, un cargo prestigioso por la comisión ejecutiva de UGT-A. Este procesado además se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 7 abriles de prisión. Goicoechea está acentuado de prestar “auxilio de forma directa y decisiva para la culminación del fraude urdido por los dirigentes” del sindicato. Para cada uno de estos cinco acusados vinculados a la ex cúpula de UGT-A y a su empresa Soralpe, Anticorrupción reclama una multa de 50 millones de euros. Sumando las multas de los cinco resultan los 250 millones de los que el fiscal hace “responsable solidario” al sindicato.
Cada uno de los diez proveedores de UGT-A se enfrenta a peticiones de la Fiscalía de tres abriles de gayola. En total, 30 abriles de prisión.
¿Cómo se desviaron los fondos?
El escrito de imputación de la Fiscalía Anticorrupción hace un detallado relato sobre el supuesto saqueo de subvenciones urdido por la cúpula de UGT-A. “Con la finalidad de obtener el desvío de fondos que debieran ocurrir sido destinados a los cursos“, los ex dirigentes de UGT-A pusieron “en marcha un plan para financiarse con los mismos, sin perjuicio de que los cursos se impartieran, distrayendo directamente cantidades, o evitando devolver descuentos en periodo de defensa frente a la empresa”, dice la Fiscalía.
Entre las vías para “sustraer fondos de las subvenciones” y financiarse de forma irregular están el pirueta, el rápel conseguido con las facturas falsas confeccionadas por los proveedores y la “simulación de alquileres de las aulas empleadas para la formación”, señala Anticorrupción.
Sobre el pirueta y el rápel, que iba engordando con las facturas simuladas confeccionadas por los proveedores, el fiscal dice que el manual de contabilidad del software informático Spyro que usaba el sindicato “llegó a poner ejemplos con un proveedor efectivo de los que facturaban falsamente” para que los empleados del sindicato supieran cómo “manejar y contabilizar” esos recibos.
Del rápel, el fiscal explica que el tesorero de UGT-A negociaba con los proveedores del sindicato “un descuento frente a la ingente actividad comercial”. “Estos descuentos se pactaban como cláusula expresa en cada convenio o proporcionadamente verbalmente” y se materializaban al final de cada adiestramiento. La irregularidad del descuento radica en que, para testimoniar las subvenciones frente a la Comité, el sindicato presentaba “la primera disposición sin incluir el descuento, ocultándolo y lucrándose así en el exceso“.
Mientras, el gran edificio de tres plantas y 3.000 metros cuadrados que albergaba la sede regional de UGT-A en el centro de Sevilla, decorado del supuesto saqueo de subvenciones hace más de una división y registrado palmo a palmo por los investigadores de la UCO, hoy se ha convertido en un inmueble de apartamentos turísticos. Acullá quedan los amaños de la antigua cúpula sindical que ahora se verán en sumario.