Durante unos 45 minutos, Pere Aragonès ha evidente como informante en presencia de el Auditoría de Instrucción 29 de Barcelona por el caso Pegasus. En su comparecencia, el presidente de la Generalitat ha señalado directamente al Centro Doméstico de Inteligencia (CNI) como responsable de la intervención de su teléfono móvil. «Me espió el CNI», ha dicho en la sala, según han detallado fuentes presentes en la misma. El árbitro ha preguntado al republicano qué tipo de información tenía en su dispositivo, y igualmente cómo supo que lo tenía infectado.
Aragonès, que ha entrado en la Ciudad de la Razón anejo a su abogado, Andreu Van den Eynde, y su jefa de gobierno, Helena Ricomà, ha explicado al instructor que no sabe qué cantidad datos han extraído del terminal, pero sí que éste era su teléfono personal, con el que mantuvo conversaciones, por ejemplo, sobe la Mesa de Diálogo con el Gobierno central, así como para la moción de censura a Mariona Rajoy y posterior investidura de Pedro Sánchez. Según el presidente de la Generalitat, fue en 2021 cuando se enteró de la infección con el ‘software’ agente, tras la alerta de Citizien Lab. El espionaje, según el peritaje del teléfono, se habría extendido desde julio de 2018 hasta marzo de 2020, a inicios de la pandemia. En esa época, durante una semana, todo lo hizo a través del móvil, ha detallado en sede legislativo.
Fue el pasado octubre cuando el curia admitió la querella de Aragonès por el espionaje con el ‘software’ de la empresa israelí NSO. Casi un año antaño, el republicano formalizó la querella por el supuesto espionaje a varios independentistas, entre los que se encuentra. Entre 2015 y 2020, hasta 65 políticos y activistas soberanistas habrían tenido su teléfono infectado con el software agente, según un estudio que publicó Citizen Lab, un laboratorio de la Universidad de Toronto (Canadá). Las sospechas se dirigieron con destino a el CNI, ya que este software solo se vende a agencias gubernamentales. La entonces directora del centro, Paz Esteban, que compareció a puerta cerrada en presencia de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, reconoció que sí habían monitorizado a 18 personas, siempre con autorización legislativo. Entre los políticos que el Centro admitió acontecer espiado figuraba Aragonès, pero en la época en la que aún era vicepresidente -durante el mandato de Quim Torra-.
Un espionaje en el que habría cuatro momentos secreto, tanto para la política catalana como para la española, con la composición del Govern, las negociaciones para la investidura, así como la ya mencionada Mesa de Diálogo, y en los que los peritos han detectado «indicadores de compromiso» en el terminal de uso personal de Aragonès.
Este miércoles igualmente estaba previsto que declarase Esteban, ésta en condición de investigada, pero el curia aplazó su comparecencia, en principio, hasta finales del próximo enero, tras el medio de la Jurisprudencia del Estado. Encima, regalado que el instructor, a petición del abogado de Aragonès, ha reclamado la desclasificación de documentos del Centro, la ministra de Defensa, Margarita Robles, apuntó esta semana que era «congruo probable» que así se haga. En caso de no ser así, la exdirectora del CNI no podrá resolver, ya que se lo impide la ley de secretos oficiales.
Fuentes próximas a la defensa de Aragonès creen que, finalmente, sí habrá desclasificación, al menos del utilitario del Tribunal Supremo que habría facultado la monitorización de su móvil.