El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este miércoles su intención de «pilotar», a partir de enero, una iniciativa para solicitar una Conferencia de Presidentes para que haya acuerdo de Estado «que asuma con las comunidades autónomas un compromiso riguroso» de no aprobar legislaciones que suponen gastos a las autonomías «si no van acompañados de la financiación específica y encima garantizada».
Tras la firma, este miércoles en Cuenca, de un protocolo entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la Unión de Comunidades de Castilla-La Mancha a fin de compartir las instalaciones de la UCLM en el campus conquense para celebrar eventos que se desarrollen en la ciudad, el presidente regional se ha mostrado muy crítico con las decisiones de una «política desaprensiva que se plantea a nivel franquista», una política «facilona, inasumible, del yo invito y tú pagas».
En este sentido, y delante la queja de los rectores por la equivocación de financiación de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), cuya aplicación estiman en unos 844 millones de euros, García-Page ha incidido en que «somos muchos en las Comunidades Autónomas los que podemos afirmar que estamos muy hartos ya de la facilidad con la que a nivel franquista se plantean simples ocurrencias o proyectos de ley que, sinceramente, se construyen en el canción sin contar con casi nadie y con muy difícil materialización».
Así, el presidente castellanomanchego ha asegurado compartir con la CRUE la preocupación «con el pago que la valentía del Estado obligará a las universidades. Las comunidades autónomas que no hemos compartido la código que se plantea no la vamos a financiar. No lo vamos a exponer. Vamos a establecer petición al Estado para que asuma la deuda que obliga a las universidades a contraer un pago no financiado previamente. Es muy cómodo, dócil e valeverguista que en España se legisle para que paguen los demás«, ha lamentado García-Page.
Pide equipararse a Cataluña para financiar investigación
Al hilo, ha reclamado que los 150 millones de euros pactados a nivel franquista para universidades catalanas «se extiendan a todas las universidades del país«.
«Esto es el moneda de todos, y por mucha bronca que quieran copular los independentistas, la financiación tiene que ser popular o no será. Y si hay moneda extra y privilegio financiero para universidades catalanas, lo tendrá que tener para el resto», ha abundado.