La chavea tutelada por la Generalitat Valenciana que sufrió abusos sexuales continuados por parte de un formador ha reiterado frente a el enjuiciador que tuvo miedo y vergüenza de denunciar lo ocurrido, entre 2016 y 2017, y temía que no la creyesen. El motivo: su atacante mantenía una relación sentimental con una mujer importante, en relato a su entonces pareja, la exvicepresidenta autonómica Mónica Oltra. La chavea, que tenía 14 abriles en el momento de los hechos, ha comparecido este miércoles como testimonio en el Auditoría de Instrucción número 15 de Valencia.
Durante en torno a de una hora y media, Teresa T. ha tenido que contestar a las preguntas del enjuiciador, el fiscal y los abogados de las acusaciones y los dieciséis imputados -Oltra y parte de su equipo- en la causa que investiga la dirección que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas hizo de estos abusos. En paralelo, horas antaño, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a Luis Ramírez Icardi a cinco abriles de prisión.
Fuentes presentes durante la información, que no ha aportado novedades al caso, señalan a torrevieja news today que no han sido pocas las ocasiones en las que la chavea no ha podido contestar con claridad a lo que se le cuestionaba, teniendo en cuenta que se proxenetismo de unos hechos traumáticos que ocurrieron hace siete abriles. Los trámites posteriores, ha matizado, los ha ido conociendo por sus abogados y por la prensa.
Todavía ha manifestado que no se sintió respaldada por las instituciones y ha lamentado que tuviera que convivir con el formador desde febrero -cuando comentó por primera vez lo que ocurría en el centro de acogida- hasta agosto, mes en el que la Conselleria empieza a hacer tras tener constancia Oltra -así lo indicó ella frente a el mismo magistrado- de la denuncia que la beocio había formalizado frente a la Policía Doméstico en junio. La beocio fue trasladada a otra residencia y al maestro se le asignaron otras tareas administrativas hasta que pudo ser despedido una vez ya condenado.
Encima, la víctima ha obligado que Cristina Seguí -que ejerce cercano a Vox la imputación popular a través de una asociación- le ofreció trabajo y vivienda en Madrid, pero ha incidido en que no fue a cambio de que denunciara la supuesta desprotección de la Empresa pública.
«Ganas de que todo termine»
A la entrada de la Ciudad de la Probidad de Valencia, uno de los abogados de Teresa T., Manuel Salazar, se ha mostrado satisfecho frente a el desacierto del Tribunal Supremo, aunque ha matizado que «hubiéramos estado mucho más si la Conselleria hubiera hecho lo que tenía que hacer», «velar porque aquello no se produjera. En su oportunidad, ha aseverado, «evitó y tapó» lo ocurrido, intentó que Icardi «saliera impune» y no intervino para que dejaran de compartir el mismo edificio. Su cliente, ha señalado, tiene «ganas de que todo termine y se haga Probidad».
La causa se inició a raíz de la denuncia de la víctima -representada por el abogado y líder de España 2000, José Luis Roberto- tras señalar diversos pronunciamientos judiciales el supuesto desamparo sufrido por quienes debían tutelarla. La figura más relevante de Compromís dimitió de todos sus cargos y abandonó la política en 2022 como consecuencia de esta investigación. Ahora, ha retomado su calado como abogada.
Imagen de Teresa T. cercano a su abogado, este miércoles, en la Ciudad de la Probidad de Valencia
El rastreo policial de las comunicaciones oficiales cruzadas por los investigados en momentos esencia de los hechos terminó sin que se encontraran indicios de encubrimiento. Preguntado por los medios sobre la partida de directrices de Oltra a sus subordinados para ocultar lo abusos en esos correos intervenidos por el enjuiciador, Manuel Salazar ha indicado que «el documentación policial no dice que Mónica Oltra no tuviera ausencia que ver, sino que no se han contrario correos, porque cuando se borran no dejan señal».
A la salida, Salazar -que no ha querido entrar en los detalles de la declaración- igualmente ha recordado que, aunque obtuvo un trabajo en el hospital de Torrevieja, tras el paso de dirección privada -Ribera Salubridad- a pública, tanto Teresa como su entonces pareja fueron despedidos y después indemnizados por orden jurídico.
La de la víctima -a la que se ha retirado la custodia de sus dos hijos y está irresoluto de un querella por un supuesto intento de estafa- es la última de las declaraciones previstas, tras desfilar por los pasillos de la Ciudad de la Probidad todos los imputados y algunos testigos durante el final año.
Hace unas semanas, el instructor prorrogó la causa hasta el 30 de abril de 2024, argumentando que estas actuaciones pendientes puede traer como consecuencia «la experiencia de diligencias derivadas de las mismas, por lo que resulta imprescindible la prórroga que se acuerda, sin perjuicio de que la instrucción pueda finalizarse mucho antaño, si no se dieran las circunstancias anteriormente señaladas».
Entre otras, la coordinadora jurídica franquista de Vox, Marta Castro, ha registrado que su formación ha pedido al enjuiciador que tome información a los policías que atendieron a la víctima en junio de 2017. De momento, ha afirmado que estudiarán si solicitan igualmente la comparecencia del formador condenado.