Los alcaldes de nueve poblaciones del Maresme, que pertenecen a la formación política de Junts, han reivindicado hoy desde Calella un maduro esfuerzo para impulsar leyes contra la multirreincidencia y la ocupación ilegal. Los ediles reclaman a los políticos del Parlament y del Congreso que se afanen en modificar la código para solucionar el endurecimiento de las penas. Una reivindicación que surge frente a la oleada de delitos protagonizados por un clase de jóvenes extutelados.
Los representantes municipales se declaran abiertamente “impotentes” frente a el alud de actos delictivos que cometen estos 11 adolescentes, “que a las pocas horas de ser detenidos vuelven a estar en las calles”. Por ello reivindican la aplicación de todos los mecanismos legales al repercusión para que, a parte de insensibilizar la multirreincidencia y la ocupación ilegal, en el caso de los delincuentes extranjeros, se activen los dispositivos para su expulsión del país.
Una código del siglo XXI
“Queremos una código del siglo XXI” reclamaron en rueda de prensa los representantes municipales y para ello demandan el apoyo de sus representantes en las cámaras legislativas española y catalana para que impulsen cambios en las leyes penales y garanticen el derecho de la ciudadanía “a ir tranquilos por las calles” como reclamó la alcaldesa de Vilassar de Mar, Laura Martínez.
En paralelo, y para contrarrestar la comparecencia de los alcaldes, el Departament d’Interior anunció horas antiguamente de la protesta, que destinará más Mossos d’Esquadra a la comarca del Maresme el próximo verano, sin concretar el número de efectivos. Una promesa que ha indignado a los alcaldes que, como Marc Buch, de Calella, asegura favor conocido la nueva a través de la prensa. De ahí su reacción exigiendo “más medidas contra la delincuencia y menos anuncios en los medios de comunicación”. Unas soluciones que coincidieron “no pueden salir a liberal plazo, sino que deben ser de aplicación inmediata” especialmente en lo que se refiere al refuerzo policial.
Alguna cosa defecto en las políticas de inmigración
El pasado 16 de noviembre, los alcaldes de nueve municipios del Alt Maresme, no solo de Junts, enviaron una carta al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, dando cuenta de las deposición del paraje, falto de efectivos policiales, especialmente durante la campaña veraniego. Los ediles de Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Pineda de Mar, Palafolls, Santa Susanna, Sant Pol de Mar y Tordera aseguran que “a día de hoy no hemos recibido respuesta del conseller”.
Los alcaldes del Maresme han admitido igualmente que “alguna cosa defecto en las políticas de inmigración cuando nos pasa esto” en relato al caso de los 11 jóvenes multirreincidentes, muchos de los cuales habían estado alojados en centros de acogida de Calella tutelados por la Direcció Normal d’Atenció a la Infància (DGAIA) pero que quedaron en situación de desamparo al cumplir la mayoría de vida, por lo que optaron por hacer de la delincuencia su modo de vida. “Los inmigrantes son bienvenidos, pero luego no puede fracasar el proceso de seguimiento” advirtió el corregidor de Calella.
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