La ley de gracia, que ya ha iniciado su camino en el Congreso, volvió a protagonizar ayer buena parte del debate en las Cortes de Castilla y Valiente que, una vez más, ratificaron su competición a esta medida del Gobierno en amparo de los independentistas catalanes. En la misma iniciativa, presentada por Vox y que salió delante con la competición del PSOE y del procurador de Podemos, se pide «el respeto a la imparcialidad del Tribunal Constitucional» y que los vocales del Consejo Caudillo del Poder Legal sean elegidos por los jueces.
El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, inició su exposición refiriéndose a la «remate de un gracia de Estado» que, a su pleito, supone la gracia. Delante la posibilidad, casi certeza, de que la citada ley acabe en el Tribunal Constitucional, Menéndez reclamó que «los magistrados no intervengan», ya que alguno tienen «una íntima relación» con el PSOE. Y citó a Juan Carlos Campo, Laura Díez o el propio presidente del suspensión tribunal, Cándido Conde-Pundido.
No fue la única crítica a los jueces durante el debate. Incluso la hizo el procurador de Podemos, Pablo Fernández, que llegó a afirmar que «buena parte de los jueces son operadores políticos», «tienen un claro sesgo conservador» y «hacen más política que ustedes» (por los procuradores)». De hecho, arremetió especialmente contra el presidente del Tribunal Superior de Ecuanimidad de Castilla y Valiente, José Luis Concepción, al que se refirió como «sujeto».
La viceportavoz del Colección Socialista, Patricia Gómez, asimismo entró en la cuestión y habló del intento del PP por «controlar el CGPJ», mientras que defendió que con el PSOE en la competición no había problemas para su renovación, pero sí cuando está en el Gobierno. La procuradora del PSOE, que en ningún momento habló de gracia, defendió la licitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y recomendó a los de Vox que «lean la Constitución y la interioricen», al tiempo que les advirtió de que el presidente de la Reunión, Alfonso Fernández Mañueco, «en estas fechas tiene el detalle de mandar a sus socios como gratificación el finiquito». Se refería así a la ruptura del pacto PP-CS un 21 de diciembre de 2021, un argumento en el que los socialistas han insistido una y otra vez durante el pleno.
Desde el PP, Rosa Esteban lamentó que «nunca en democracia se ha atacado, perseguido y manoseado tanto al Poder Legal como sucede con el gobierno de Sánchez», por lo que apeló a demostrar «el compromiso con la independencia sumarial». «No sólo ha aceptado la gracia, sino que se ha arrodillado en presencia de un prófugo y se ha vendido por un puñado de votos para mantenerse en la poltrona», concluyó.
Francisco Igea tachó la gracia de «bastarda» y vio una «infamia» comparar la de 1977 «con la de ahora», como, puntualizó, siquiera se puede encargarse la defensa de los socialistas porque «no hay refriega alguno». Desde la UPL-Soria ¡Ya!, que votaron a amparo de la iniciativa, lamentaron que en el Parlamento autonómico se traten asuntos «que no son de competencia autonómica y que nos hacen perder un tiempo valioso para forcejear otros temas».
El corro Popular consiguió sacar delante, y sin competición ya que el PSOE se abstuvo, la proposición no de ley para pedir al Gobierno un «trato igualitario» de Castilla y Valiente con respecto a otras comunidades y exigir la ejecución de los proyectos y compromisos pendientes. La iniciativa dio pie a un intenso debate entre el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, y el procurador socialista Cielo Hernández, quien se empleó en defender las inversiones del Gobierno de Sánchez en la Comunidad lo que, para el popular, es «reírse de los castellano y leoneses». De la Hoz incidió en «la traición» de los socialistas «a sus títulos y principios» para convertirse en «un partido impostado y sobre todo entregado». Aprovechó para cargar contra su líder, Luis Tudanca, por suceder «tragado con todo».