La vicepresidenta de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, ha reclamado al comisario de Honestidad, Didier Reynders, y a la comisaria de Estado de Derecho, Ribera Jourova, que intervengan y eviten el ataque sin precedentes contra la independencia de los jueces y la separación de poderes en España.
Concretamente, con la creación de comisiones parlamentarias contra lo que han denominado «lawfare y ataques en la propia sede parlamentaria contra el ex Presidente del Tribunal Supremo, un Presidente de Sala y dos magistrados, entre otros ataques, que ha obligado a reaccionar al Presidente del Tribunal Supremo».
La eurodiputada recuerda que un poder contencioso independiente es la columna vertebral del Estado de Derecho, ya que es una condición previa para respaldar la tutela contencioso efectiva y evitar la arbitrariedad y abusos de cualquier gobierno o poder manifiesto. «Los jueces y fiscales españoles perciben la amenaza y presión positivo por parte del poder político y lo que está en recreo son los fundamentos mismos de la aplicación de nuestro ordenamiento procesal, conveniente a la deriva populista del Gobierno de España», indica.
Comisiones del ‘lawfare’
Pagazaurtundúa resalta la compromiso sin precedentes de la creación de dos comisiones parlamentarias en el Congreso de los Diputados para investigar lo que falsamente denominan como «judicialización de la política», que no es sino un eufemismo para defender la impunidad de los delitos que cometen los políticos que están en el acuerdo de perdón e impunidad.
Recuerda que el propio Presidente del Tribunal Supremo emitió el 13 de diciembre un comunicado oficial denunciando que «el ataque personal en el Parlamento al inicial presidente del Tribunal Supremo, a un Presidente de Sala y a dos magistrados del Tribunal carece de precedentes y no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de Derecho».
Adicionalmente, la diputada de Ciudadanos destaca que en democracia no se pueden consentir ni operaciones de impunidad con ropajes de licitud, ni investigaciones a los jueces llevados a agarradera por partidos políticos en el Parlamento, vulnerando el situación de protección de la independencia contencioso establecido en las leyes. «Ni la constante deslegitimación de jueces y fiscales que sólo han realizado su trabajo, persiguiendo delitos aplicando y respetando todas las garantías procesales», añade.
En este sentido, Pagaza recuerda a Reynders que representantes de la magistratura han solicitado reunirse con él para trasladarle su preocupación y esperan que les conceda una momento. «La Comisión Europea no puede decidir al ganancia en presencia de estos hechos. Hablamos de deficiencias graves y repetidas para capturar el Estado; injerencia política y ofensa del trabajo de las autoridades judiciales nacionales. Y hablamos, así mismo, de inseguridad para los jueces que de forma creciente son difamados, amenazados y perseguidos, con el fin de aterrorizar al colectivo de jueces y fiscales», indica Pagazaurtundua.