Los querellantes denunciaron que el enjuiciador Manuel Garca Castelln acord la reapertura de la investigacin basndose en las declaraciones del exmilitar venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, que pretenda retrasar su extradicin a EEUU, segn la querella. Tambin recoga que la resolucin sumarial se bas en una informacin obtenida de forma ilegal por funcionarios de polica y que el fin del secreto era impedirles practicar sus derechos al tiempo que de forma paralela se filtraba el contenido y resultado de las diligencias de investigacin.
La Sala de lo Penal considera que los hechos denunciados no son constitutivos de los citados delitos de prevaricacin, revelacin de secretos y/o de omisin del deber de perseguir delitos. Respecto a la informacin aportada por Carvajal, afirma que los hechos guardaban relacin con el objeto de la investigacin que se habón llevado a parte en el curia por delitos de financiacin ilegal de partidos polticos, delito fiscal y blanqueadura de capitales por lo que en presencia de esta nueva informacin el enjuiciador estaba obligado a investigar y compulsar la certeza de la informacin que se le transmita. Para la Sala, siquiera parece injustificada en ese momento la declaracin de secreto de sumario con la que el Tarea Fiscal estaba conforme.
Del mismo modo, el tribunal rechaza la indefensin denunciada por Podemos por la declaracin del secreto sumarial puesto que de continuarse la investigacin -indica la Sala- hubiera terminado por levantarse el secreto.
El tribunal recuerda que el delito de prevaricacin sumarial “exige adems la conciencia de estar dictando una resolucin con total apartamiento del principio de vigencia y de las interpretaciones usuales y admisibles en derecho, la intencin deliberada de insultar a la jurisprudencia y, conforme a lo expuesto y de la simple repaso de las resoluciones combatidas y de las dictadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Doméstico, se desprende que dicho aspecto subjetivo no est presente”.
Respecto al delito de revelacin de secretos, la Sala Segunda seala que “es evidente que se produjeron filtraciones de la investigacin que se hicieron pblicas a travs de determinados medios de informacin, pero ni el querellante las atribuye de modo clara y terminante a los querellados, ni aparece indicio alguno de que ello fuera as. Ni los querellados fueron las nicas personas que tuvieron comunicación a la informacin contenida en el procedimiento, ni aparece inters alguno en ellos de que tales filtraciones se produjeran. Siquiera se les atribuye omisin alguna de determinada actividad que hubiera impedido las filtraciones”.
Por lo que se refiere al delito de omisin del deber de perseguir delitos, la Sala recuerda que se manejo “de un delito de omisin pura en el que el sujeto activo es la autoridad o funcionario pblico que tenga entre sus atribuciones legales la de promover la persecucin de los delitos y sus responsables”.
En su automóvil, el Supremo subraya que “en nuestro caso, tal y como sostiene el Tarea Fiscal, la competencia objetiva para perseguir esas filtraciones no corresponda a los querellados, sino al Tribunal que resultara competente por razn de la materia y del comarca”.
Aade que “la obligacin de denunciar la perpetracin de cualquier delito corresponde, no solo al que por razn de su cargo, profesin u oficio tuviera notificación del delito, sino a cualquier persona que presenciare su perpetracin. Y es evidente que ni el Tarea Fiscal ni el querellante denunciaron filtraciones, las que siquiera resultaba claro que procedieran del sumario, teniendo en cuanta las particulares circunstancias del caso y la fuente originaria de la informacin”.
El tribunal ha estado formado por el presidente de la Sala, Manuel Marchena, y los magistrados Julin Snchez Melgar, Juan Ramn Berdugo, Carmen Lamela (ponente) y Eduardo de Porres.