El presidente de la Generalitat de Cataluña y la consejera de Educación, reunidos este martes con los representantes de los grupos políticos del Parlamento autonómico, menos Vox, formación que no estaba invitada, han decidido crear una «comisión educativa para el impulso de mejoras» en el sector para que proponga, en un plazo mayor de dos meses, qué hacer en el sistema de enseñanza a posteriori de que el extremo documentación PISA sitúe a Cataluña en la nalgas de las comunidades de España.
Pere Aragonès y Anna Simó consideran que en menos de dos meses un congregación de 15 personas «expertas» podrán poner triste sobre blanco las soluciones para mejorar los resultados de la educación en Cataluña. Así se lo han dicho a los grupos parlamentarios, en la reunión en el Palacio de la Generalitat, y lo ha confirmado la consejera del ramo en la rueda de prensa posterior al altercado, que ha asegurado que en el primer dosier de trabajo se incluirán las propuestas de todos los partidos.
Simó ha dicho que «todas las aportaciones (recogidas hoy) se integrarán en un dosier de trabajo para que un congregación de la comunidad educativa elabore un plan de trabajo en un plazo corto de tiempo». En este sentido, la consejera ha indicado que será el Govern el encargado de proponer los nombres de la comisión, que deben seguir una serie de «perfiles». Atrevimiento que no ha contado con el trillado bueno de todos los grupos.
«La comisión educativa estará integrada por unas 15 personas y un coordinador: dos docentes, cuatro directores, tres entidades pedagógicas, cuatro perfiles secreto (un docente especializado en educación y tres personas «jubiladas»), un representante de las familias y uno del mundo tópico», ha concretado Simó, que igualmente ha detallado el plazo para la respuesta de la comisión: dos meses.
Este congregación de «expertos» tendrá que firmar un documentación como muy tarde «a finales de febrero» con dos apartados o líneas de medidas propuestas: por un banda, las medidas que la Generalitat debería aplicar ya en el próximo curso (2024/2025) y un segundo punto con las «propuestas a medio y liberal plazo». El documentación se entregará al Consejo Escolar para que incorpore lo que considere oportuno y lo «pueda enriquecer».
Propuestas dispares y, muchas, incompatibles
En la reunión, los representantes de los grupos parlamentarios (menos Vox) han expuesto su opinión, en relación al documentación PISA y los malos resultados reportados para Cataluña. Algunos de los partidos, por otra parte, han aportado medidas concretas que, desde su punto de panorámica, se deben poner en marcha para mejorar la educación en la comunidad. Propuestas, en su mayoría, dispares y en algunos casos incompatibles.
Así, por ejemplo, Albert Batet (Junts) ha planteado alguna propuesta que ha definido como «competencia del Estado castellano», como pedir que se «desjudicialice el maniquí de escuela catalana», en relación a que los tribunales de Imparcialidad no puedan dictar sentencias en materia educativa, elevar la antigüedad de la etapa de Primaria hasta los 14 primaveras y la de la educación Secundaria a los 18 primaveras.
Por su parte, Carlos Carrizosa (CS) ha propuesto, entre otras medidas, que se transforme «la fosilizada inmersión educativa en un sistema de turno trilingüe en catalán, castellano e inglés, que hasta los ocho primaveras de antigüedad pivote en torno a la habla materna del educando o alumna». Una crítica a la inmersión que igualmente has señalado desde las filas del PP, al rememorar que la inmersión es «un maniquí puramente impositivo para los castellanohablantes y que va contra los criterios pedagógicos».
Esther Niubó (PSC), tras la reunión, ha valorado «positivamente» el altercado y ha ofrecido los socialistas al Govern para «ayudar desde la competición» a la alivio del sistema educativo. Niubó ha dicho que «no es el momento de señalar culpables» y ha puesto el foco en priorizar la audición «a los profesionales de la educación». El PSC no ha presentado un documento concreto en la reunión.
A la reunión han asistido, por otra parte de Simó y Aragonès, la secretaria militar de Educación, Patrícia Gomà (ERC), y los representantes de los grupos parlamentarios invitados: Salvador Illa y Esther Niubó (PSC), Marta Vilalta y Mònica Palacín (ERC), Albert Batet y Judit Guàrdia (Junts), Carles Riera y Dolors Sabater (CUP), Jéssica Albiach y Joan Carles Gallego (comunes), Carlos Carrizosa y Anna Grau (CS) y Lorena Roldán y Daniel Serrano (PP).