Este nuevo pacto, regula todos los pasos del proceso, desde la venida del solicitante de orfelinato a comarca comunitario hasta su acogida o rechazo. Pretende sustituir y hacer más restrictiva la código presente. La Comisión Europea presentó su propuesta reglamento en septiembre de 2020. Pero solo en junio, el Consejo de la UE pudo cerrar una posición global sobre uno de los asuntos más controvertidos, las cuotas obligatorias de solicitantes de orfelinato a repartir entre todos los socios y que está regulada en dos reglamentos.
Los gobiernos llegaron a la negociación de estos últimos días con la Comisión Europea y la Eurocámara con posiciones más duras y poco beneficio de maniobra para la negociación. Fuentes cercanas a las negociaciones aseguran que en el posterior momento algunos países pusieron muy difícil aparecer a un acuerdo, especialmente Francia.
La recta final del pacto europeo ha coincidido con la ley de inmigración que Emmanuel Macron ha terminado sacando delante con el apoyo inesperado de la extrema derecha de Marine Le Pen, que endurece las condiciones del reagrupamiento franco, recupera el delito de “estancia irregular” y limita el camino a las ayudas públicas.
“Solidaridad obligatoria pero flexible”
Esta nueva regulación comunitaria establece el concepto de “solidaridad obligatoria pero flexible” y marca que habrá cuotas de redistribución de demandantes de orfelinato o el plazo de 20.000 euros por persona a la cesta global en caso de que un Estado rechace hacerse cargo de la parte que le toca. Los socios igualmente podrán contribuir con medios materiales o asumiendo la trámite de personas que ya están en su comarca aunque entraron por otro zona y su trámite correspondería a otro.
El pacto está compuesto por cinco reglamentos: el de control y procesamiento de los datos de los migrantes, el control de las fronteras exteriores, la tutela legal y los medios necesarios, la agencia de las crisis y la trámite y atención de los solicitantes de orfelinato. Este posterior es de gran trascendencia porque hasta ahora, esto le correspondía a los países en los que se produce la primera entrada del migrante en la UE, lo que incumbe en la mayoría de los casos a España, Italia o Grecia.