La Comisión Europea se ha poliedro formalmente por enterada del plan para que ayude al Gobierno de Pedro Sánchez y al principal partido de la concurso, el PP, a ponerse de acuerdo para cumplir con sus recomendaciones en materia de respeto al Estado de derecho.
Oficialmente está «reflexionando» sobre ello, lo que significa que está preparando una fórmula en la que su posición no quede comprometida ni la institución se vea involucrada en la disputa política interna de un país, lo que podría finalizar teniendo un reflexivo en la política europea. En efectividad, según fuentes del PP, Alberto Núñez Feijoo habría consultado con el ejecutor comunitario esta idea antaño de exponerla en notorio durante la reunión con Pedro Sánchez.
El portavoz de los asuntos de Rectitud ha agradecido que en el área «estamos reflexionando sobre la petición de solucionar las discusiones para avanzar con la reforma del Consejo del Poder Legislativo». Esta sería la primera vez que la Comisión interviene en una disputa interna de un país miembro y por ello se tráfico de un asunto muy delicado tanto por las consecuencias de sentar un precedente como este, como por la posibilidad cierta de que la transformación del proceso pudiera finalizar involucrando a la Comisión en la disputa entre el PSOE y sus socios con el Partido Popular.
Por si azar, en esta revelación la Comisión sostiene que su objetivo no es tanto ayudar a arriesgarse quien tiene razón en un pulso que dura ya más de cuatro primaveras sino en que se cumplan sus recomendaciones en materia de ordenamiento del Poder Legislativo. «Es importante que la errata de nombramientos de los miembros del CGPJ sea abordado como un asunto de prioridad» y que «inmediatamente a posteriori de la renovación» comience el proceso de reforma del sistema de designación de los vocales para asistir a un sistema «en ringlera con los estándares europeos».
Cambio de reglas
Hasta ahora, incluso la descripción de esta sucesión de los hechos (nombramientos urgentes y reforma del sistema de alternativa inmediatamente a posteriori) formaba parte del discurso milimétricamente medido de Bruselas sobre un campo en el que existen muchísimas derivadas. El Gobierno ha dicho claramente, incluso en comparecencias de ministros en el Parlamento Europeo, que la idea de modificar el método de alternativa de los miembros del Poder Legislativo (CGPJ) no le resulta cómoda y que prefiere dejar las cosas como están porque, según su punto de panorámica, han funcionado aceptablemente hasta ahora.
La Comisión no lo dice abiertamente, pero favorece la idea de cambiar las reglas para permitir que haya una último intervención política en esos nombramientos, en la misma dirección de las recomendaciones de la Comisión de Venecia, que no forma parte de la UE sino del Consejo de Europa, pero que se consideran como la remisión técnica en este campo.
En todo caso, la oficina del Comisario de Rectitud Didier Reynders lleva ya tiempo con la inspección puesta en España. Hasta ahora ha recibido una avalancha extraordinaria de cartas de instituciones y ciudadanos españoles pidiendo amparo contra la proposición de ley de remisión que el Gobierno se empeña en aprobar. Sin secuestro, pasado desde Bruselas, la renovación del CGPJ se ha convertido en el nudo gordiano de una batalla política en España que a la Comisión le interesa que se resuelva cuanto antaño.