La Plataforma de Docentes de los Colegios Concertados de Castilla y Valiente ha presentado las primeras 85 demandas contra las entidades religiosas que llevan dichos centros y contra la Unión, en este caso en su condición de pagadora, por lo que considera una «discriminación salarial» cometida contra aquellos docentes a los que se ha determinado excluir del complemento de carrera profesional por ocurrir cobrado ya la paga de pasado.
La mayoría de las demandas procede de las provincias de Ávila, Valladolid y Salamanca y está previsto que se sumen a dicho proceso reivindicativo otros afectados de Burgos y en los próximos meses docentes de colegios concertados del resto de provincias. el conflicto, según calculan desde la plataforma, puede afectar a cerca de 700 u 800 profesores de un colectivo total en Castilla y Valiente próximo a los 9.000.
Y es que el complemento de la carrera profesional constante en su momento al sector de la sanidad y más tarde al colectivo de docentes públicos genera, a causa de la plataforma, una «desigualdad o discriminación salarial» al trasladarse incluso, con el conocido bueno de los sindicatos FSIE, USO y CCOO, a los docentes de colegios concertados por dejar fuera del mismo a aquellos más veteranos que ya han cobrado la paga de pasado, consistente en cinco mensualidades, por servicios prestados a lo amplio de veinticinco abriles.
El portavoz de la plataforma, Roberto Fernández Palenzuela, en declaraciones a Ep, explica que los grandes perjudicados serán esos profesores más veteranos que, a desliz de los sexenios que sí cobran los de la pública, han percibido la paga de pasado y se ven ahora sin la posibilidad de cobrar ese complemento por la carrera profesional que sí han pasado a cobrar compañeros con menos abriles de deporte.
Cálculos
«Resulta que ahora hay compañeros de al costado que, con las mismas clases y siendo más jóvenes, van a cobrar 300 euros más al mes, a lo que se suma el formal perjuicio que sufrirán los excluidos en su almohadilla reguladora a la hora de calcular su futura pensión», censura Fernández Palenzuela. Calcula que sólo esos 300 euros menos al mes, descontando el valía de la paga de pasado, supondrán una merma económica de 50.000 euros a nueve abriles, aunque la pérdida es «un dineral» si se tiene en cuenta incluso la repercusión en la almohadilla reguladora.
Delante ello, la plataforma ha decidido interponer las primeras 85 demandas contra las ’empresas’ contratantes de los docentes y contra la Unión como pagadora final. Lo hacen, argumentan, tras ocurrir intentado sin éxito departir con la consejera del ramo, el secretario genérico de Educación, los sindicatos e incluso con el presidente de la Unión, Alfonso Fernández Mañueco, a quien el portavoz asegura que remitieron una carta pidiendo una reunión para encarar el conflicto.