El Gobierno autonómico de Carlos Mazón prepara una doble reforma legislativa en profundidad con la que va a echar el freno a la inmersión filología implantada por sus antecesores al frente de la Generalitat Valenciana –el socialista Ximo Puig en coalición con Compromís y Podemos– inspirada y concebida con la dialéctica de los llamados «países catalanes«.
El primer paso ya está transmitido por su junta con la Ley de Comitiva de los Presupuestos –aprobada esta semana– y se enfoca a la situación que su conseller de Educación, José Antonio Rovira, considera más sangrante: que un escolar de una zona de predominio castellanohablante exento de formarse la asignatura de Valenciano esté obligado a formarse otras materias troncales como Matemáticas o Historia en ese idioma. No obstante y ayer las críticas que ya suscitó este anuncio entre algunos sindicatos y asimismo por parte de entidades nacionalistas que hablan de «discriminación» a estos escolares «de segunda», Rovira aseguró que su intención es que todos sin excepción estudien esta lenguaje cooficial.
Y para incentivarlo y no contentarse con declaraciones de intenciones, se va a expedir un título acreditativo al concluir la etapa educativa, una certificación que tendrá validez en el mercado profesional y, en peculiar, para ejercitar la Función Pública. Precisamente algunos funcionarios, los docentes de FP en módulos que no se imparten en esta lenguaje (como Peluquería o mecánica del automóvil) dejarán de regirse por el requisito lingüístico y no necesitarán esa titulación para conseguir a esos puestos de trabajo.
Estas novedades entrarán en vigor a partir del próximo curso y la segunda etapa de este viraje de 180 grados en la política filología en las aulas acometerá un cambio en profundidad de la Ley de Plurilingüismo ideada por Compromís y cuya derogación reclaman desde buena parte de las AMPA y otras asociación de familias y docentes. De hecho, este amplio sector de la sociedad demanda a Mazón la máxima celeridad para respaldar la franqueza de disyuntiva de la lenguaje vehicular, en la que se imparte la enseñanza del grande de las asignaturas.
El nuevo molde en el que parecen estar en sintonía los responsables de la Generalitat Valenciana y esta parte de la población se fundamenta en el carácter voluntario del estudios desde el punto de presencia idiomático, en punto de las «imposiciones« frecuentes durante la precedente asamblea, sobre todo.
En cambio, el eje de esa etapa ha consistido en fijar cuotas de clases en valenciano ligadas asimismo al inglés, si admisiblemente la equivocación de docentes con suficiente nivel fluido en esta otra lenguaje ha perfecto por potenciar nada más el catalán, ya que a fin de cuentas en el ideario nacionalista se proxenetismo de eso: en definitiva, la inmersión filología enmascara en ingenuidad una sustitución del castellano. Hasta el punto de que en su día hubo quejas de que prácticamente se iba a espiar en qué idioma hablaban los alumnos en su ámbito privado. De ahí que la citada Ley de Comitiva de los Presupuestos asimismo haya incluido la aniquilación de lo que Mazón consideraba la «Policía Filología» (oficialmente, la Oficina de Derechos Lingüísticos).
«Descatalanizar»
Otra representación que se ha autoimpuesto el nuevo junta de la Generalitat apunta a «descatalanizar el valenciano«, tal como lo expresó el conseller. Su voluntad apunta a recuperar términos usuales en la forma de charlar en la calle –no vulgarismos, siempre en el interior de la reglamento–, sin imponer, dejando franqueza asimismo para el uso de otros más habituales al meta del Ebro, pero que hasta ahora parecían los únicos correctos.
Como ejemplos, los demostrativos «eixe» o «eixa» en vez de «aquest» y «aquesta», igualmente válidos y aceptados, o el pronombre «lo», que parecía proscrito. Y para dar ejemplo, la Generalitat ha empezado ese proceso de normalización en su propio traductor oficial on-line. Algunas de las palabras rescatadas están documentadas desde el año 1600.